En el diseño y ejecución de políticas públicas, ninguna decisión estructural debe considerarse exenta de evaluación. La promulgación de la Ley N.º 7.438/2025, que integró a la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR) del Paraguay, encabezada por Carlos Liseras, dentro del organigrama de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), a cargo de Óscar Alcides Orué, se justificó bajo la premisa de modernizar el sector y dotarlo de mayor solvencia institucional.
Sin embargo, transcurrido un período prudencial para su despliegue, el balance del Estado no puede limitarse a la complacencia de los números de recaudación fiscal. Medir el éxito de una reforma únicamente por el canon percibido es un error conceptual: el verdadero impacto se calibra en la calidad de la gestión, la celeridad administrativa y la seguridad jurídica efectiva.
Auditar esta política pública exige revisar variables cualitativas críticas: ¿cuántas licitaciones públicas se convocaron y lograron implementarse fácticamente?, ¿se concretaron las inversiones privadas de gran escala en infraestructura hotelera y turística previstas en la ley?, y ¿cuenta hoy la CONAJZAR con la tecnología de fiscalización en tiempo real y el talento técnico calificado que demanda el mercado?
La realidad empírica muestra que, a pesar de los esfuerzos desplegados desde el propio seno de la CONAJZAR, los trámites y circuitos burocráticos establecidos por las normas vigentes han terminado dilatando procesos técnicos de alta sensibilidad económica.
Esta pérdida de dinamismo operativo plantea un problema temporal mayúsculo: con un amplio catálogo de licitaciones aún pendientes (casinos online, apuestas deportivas, casinos físicos, telebingos y demás modalidades) y con la necesidad urgente de reglamentar técnicamente cada juego, los plazos del mandato gubernamental amenazan con extinguirse sin que se hayan materializado las reformas de fondo. Subordinar un regulador sectorial a una lógica estrictamente impositiva ha restado capacidad de respuesta frente a las complejidades del entretenimiento formal.
El Estado tiene la responsabilidad inmediata de transparentar esta auditoría de gestión. Si las métricas demuestran que la integración CONAJZAR-DNIT no ha producido los resultados esperados y ha ralentizado el desarrollo del sector, no se debe temer a la rectificación.
La decisión debe ser acelerar una nueva reforma legislativa que restituya a la CONAJZAR su autonomía técnica, operativa, administrativa y financiera, garantizando la autarquía necesaria para dotar al país de certidumbre jurídica y reglas claras para la inversión.