La Comisión de Juegos de Puerto Rico (CJPR) conmemoró el 75º aniversario de la aprobación de la legislación que en, 1948, le dio paso al desarrollo de la industria de los juegos de azar, regulada por el Gobierno en base a la protección de los jugadores.
El propósito de aquel texto fue fomentar la actividad turística en la isla mediante la autorización de los casinos y las máquinas tragamonedas, tal y como se estilaba en los centros de diversión de los principales destinos turísticos del mundo.
Al respecto, Jaime Rivera Emmanuelli, Director Ejecutivo Interino de la CJPR, detalló: “Este objetivo se cumple constantemente si consideramos que la isla cuenta con una diversidad de propuestas turísticas, a las que recientemente se han sumado los juegos y apuestas deportivas a distancia. Después de Nevada, en 1931, Puerto Rico fue la segunda jurisdicción en los Estados Unidos en sancionar una legislación para tener casinos. Con la aprobación de la Ley 221 del 15 de mayo de 1948, se estableció en la isla el marco legal para salvaguardar la transparencia en los juegos de apuestas, mediante la regulación”.
Además, Rivera Emmanuelli agregó: “El marco legal viabilizó la creación de una industria formal, fiscalizada por el Gobierno, con miras a asegurar a los turistas y a los locales las mayores garantías de pureza de los juegos. Por otra parte, la regulación permite que éstos hagan importantes aportes al fisco”.
SALAS DE JUEGO Y RECAUDACIÓN
Al presente, la industria del juego de Puerto Rico cuenta con dieciocho casinos presenciales. Los fondos que generan son distribuidos entre los casinos, el Gobierno central, los programas educativos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el Departamento de Hacienda y la Compañía de Turismo.
Durante los pasados diez años (2013-2023), el Gobierno recibió un total de US$1.369,83 millones. Específicamente, la UPR logró US$619,80 millones; Hacienda consiguió US$212,74 millones, y la Compañía de Turismo obtuvo US$537,29 millones.
Finalmente, Rivera Emmanuelli concluyó: “Como organismo regulador, la Comisión de Juegos vela por el cumplimiento de los procedimientos de licenciamiento, supervisión y fiscalización de los casinos, las tragamonedas y las apuestas deportivas. Cada casino debe contar con una licencia para poder operar. De este modo, establecemos un buen balance entre la libre operación de los casinos y los intereses del Estado y de su gente”.