Por Nahuel Díaz, periodista y colaborador de G&M News.
¿Qué necesidades detectaron en el mercado chileno del juego para impulsar la creación de su y cuáles serán sus principales objetivos durante el primer año de trabajo?
Nuestro punto de partida es que el juego en línea en Chile y en el mundo existe y ya es masivo. Lo que falta no es el mercado: es la norma que lo regule. Por otro lado, una detección importante de ese diagnóstico es que la ley vigente se escribió para casinos físicos en el año 2005 y no contempla esta actividad ni sus características propias, y ese vacío tiene consecuencias verificables. Por ejemplo, no hay prohibición de ingreso para menores, no hay protección para los usuarios, no hay una autoridad ante la cual reclamar, no hay datos de prevalencia y no hay presupuestos orientados a la prevención del juego excesivo. Dicho esto, la principal preocupación de AGR es que el mercado no desaparece por no regularlo; se desplaza hacia operadores que no responden ante ninguna autoridad chilena. La AGR no viene a reemplazar esa ley: su principal interés es que exista, aportando un interlocutor identificable, un estándar común vinculante desde el primer día y experiencia comparada de mercados que ya recorrieron este camino. La vía regulatoria no consiste simplemente en establecer normas, sino en elegir entre un mercado formal que tributa y el caos. Al mantener una estrategia de bloqueo sectorial dirigida únicamente a entidades visibles y registradas, para efectos del IVA, el Estado renuncia a ingresos predecibles y fomenta el desplazamiento hacia el mercado sumergido, perjudicando así al usuario final. Si la actual situación obliga a estos operadores serios e identificables a retirarse, la demanda no desaparecerá. Simplemente, será absorbida por plataformas en la sombra que operan sin verificación de edad, políticas de juego responsable ni trazabilidad financiera. Este enfoque supone un retroceso significativo para las políticas públicas, ya que genera un vacío que, en última instancia, sólo beneficia a dos grupos: los operadores no regulados que permanecen en la clandestinidad y los actores tradicionales del mercado que buscan preservar un duopolio centenario ahogando una competencia moderna y transparente. Nuestro objetivo este primer año es ser un aporte como contraparte formal: operadores identificados, con principios vinculantes y con toda su gestión ante autoridades registrada conforme a la Ley de Lobby. Segundo, aportar experiencia de referencia. La Agrupación no viene a llenar el vacío regulatorio: sólo una ley puede hacerlo.
La entidad reúne a operadores como Betano, Betsala, Estelarbet, Juegalo y Novibet. ¿Qué puntos en común encontraron entre empresas que compiten diariamente en el mercado para construir una agenda conjunta?
El primero es un propósito último común: nosotros pedimos que el Estado nos regule y nos fiscalice. A las autoridades les decimos que están frente a un interlocutor técnico disponible, que aporta antecedentes y no conclusiones, y que las definiciones que hacen que una regulación funcione se toman en esta etapa del debate, no después. A la opinión pública le aclaramos que comprendemos la desconfianza hacia este sector. Por eso, pedimos que se construya un sistema serio: licencias, obligaciones exigibles, auditorías y una autoridad especializada. Nuestra autorregulación es un puente, no un destino: lo que hoy hacemos por convicción debería ser mañana una obligación legal, igual para todos. Del mismo modo, ninguna de estas empresas gana algo cuando en Chile no existen reglas de acceso de menores, un registro de autoexclusión o una obligación de reportar operaciones sospechosas. Al contrario: la informalidad las expone a judicialización permanente, les impide diferenciarse de operadores que no responden ante ninguna autoridad y les obstaculiza ofrecer a los usuarios garantías verificables. El punto de encuentro concreto fueron los principios de la asociación. No son declaraciones de intención: son condiciones de pertenencia, vinculantes desde el primer día para todos los miembros y para quien quiera sumarse, con independencia de que la ley se apruebe o no. Cubren juego responsable y protección de menores y grupos vulnerables, cooperación con las instituciones, integridad y prevención del lavado de activos, contribución fiscal, comunicación comercial responsable y acción activa contra el juego ilegal. Ésa es exactamente la función de esta Agrupación: lograr un estándar común entre actores que compiten. Es difícil, porque cada uno llega defendiendo lo suyo, pero es ahí donde se juega la diferencia entre un sector ordenado y uno que no lo está, y opera bajo una premisa simple: una regla que no se aplica a todos no es una regla.
Chile debate desde hace tiempo un proyecto de regulación para el juego online. ¿Qué aspectos consideran imprescindibles para que esa normativa logre un balance entre el desarrollo de la industria y la protección del consumidor?
Conviene separar dos planos que se comportan de manera distinta. El primero es el de las exigencias de protección: verificación de identidad y edad, registro de autoexclusión, límites de depósito, detección de patrones de riesgo, obligaciones antilavado y control de la publicidad. En ese plano, no existe ‘demasiada’ regulación. Son los estándares que hacen admisible la actividad y deben ser los más altos que la tecnología permita implementar de manera efectiva. El segundo plano es el diseño fiscal y administrativo, y ahí sí puede haber mala calibración. Pero el criterio para juzgarla no es el margen de las empresas: es la tasa de canalización, es decir, qué proporción del juego real ocurre dentro del perímetro supervisado. Un régimen mal calibrado no reduce la cantidad de juego; la desplaza hacia operadores que no verifican identidad ni responden ante nadie. Quien pierde ahí es el usuario, y también el Estado, que carece de fiscalización y recaudación. Por eso, proponemos dos cuestiones. La primera es un enfoque regulatorio basado en riesgos y orientado a resultados: que el regulador defina el resultado exigido -impedir efectivamente el acceso de menores, por ejemplo- y que el operador demuestre cómo lo alcanza. La segunda es una cláusula de evaluación periódica: publicación regular de canalización, prevalencia de juego problemático y uso efectivo de las herramientas de protección, con ajuste de la calibración según lo que esos datos muestren. Así, el equilibrio deja de depender de quién presiona más.
¿Cuál es la postura de AGR con respecto al tema impositivo, a partir de los recientes cambios en Chile? ¿Cuáles son los principales reclamos en torno a este tema, a partir de la búsqueda de equilibrio con los operadores presenciales?
Nuestra posición de fondo es que queremos pagar impuestos bajo un marco claro y certero. Cumpliremos toda obligación tributaria que la legislación chilena establezca. Sobre la resolución del Servicio de Impuestos Internos (SII), actuó dentro de su mandato. Pero conviene ser precisos: recaudar no es regular. El IVA no verifica la edad de quien se registra, no crea un registro nacional de autoexclusión, no impone límites de depósito, no convierte a nadie en entidad obligada ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y no define un regulador con facultades de fiscalización y sanción. Hay además un efecto que nos parece relevante advertir: una medida tributaria alcanza a quien se identifica ante el Estado, es decir, a quien ya quiere cumplir. No toca a quien opera completamente fuera del radar. Sin una ley que iguale las exigencias, el resultado es asimetría: más carga para el formal y ninguna para el informal. Sobre la carga que contempla el proyecto de ley, nuestro planteamiento no es sobre el nivel deseable -eso lo define el legislador-, sino sobre el método: la carga debe calibrarse contra la tasa de canalización, no contra la rentabilidad. Con respecto a los operadores presenciales, no pedimos trato preferente. Pedimos lo contrario: reglas parejas y estándares de protección equivalentes para el canal físico y el digital, empezando por un registro de autoexclusión único e integrado
La protección de los menores de edad es uno de los ejes del debate. ¿Qué herramientas concretas propone la Agrupación para impedir el acceso de menores a las plataformas de juego online?
Es nuestra prioridad. La primera es la verificación obligatoria de identidad y edad contra fuentes oficiales, con consulta al Servicio de Registro Civil e Identificación, y estándar biométrico donde sea técnicamente eficiente. Es la única medida que convierte el acceso de un menor en algo estructuralmente imposible y no simplemente improbable. Nuestros socios ya están en ese proceso de integración. Solicitamos que deje de ser una decisión voluntaria de cada operador y pase a ser una obligación legal fiscalizada. La segunda es un estándar único de publicidad, con prohibición expresa de comunicación dirigida a menores y a personas en situación de vulnerabilidad, y control del volumen para evitar la saturación. Aplicamos segmentación por edad en los canales digitales, que es técnicamente más precisa que el control de horario televisivo, pero reconocemos que, sin verificación en la puerta de entrada, ningún control publicitario es completo. La tercera es la medición y consecuencias: reporte obligatorio y publicación periódica, y sanciones efectivas para el operador que incumpla. Queremos ser claros en un punto. Con los controles actuales, y mientras no exista obligación legal universal, el riesgo existe y lo reconocemos. Precisamente por eso pedimos que la verificación de edad sea condición de licencia, exigible a todos y no sólo a quienes aceptan obligarse voluntariamente.
¿Cuál es su postura frente a la decisión de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile de ampliar las medidas de bloqueo de sitios web a plataformas de apuestas en línea, además de las identificadas en el fallo de la Corte Suprema de septiembre de 2025?
Creemos que el bloqueo de determinados sitios web no aborda, por sí solo, una actividad digital y transfronteriza como las apuestas en línea. Aquí no aplica poner un candado como en un local comercial: los usuarios acceden por otras vías y los sitios cambian de dominio. La propia Subtel ha señalado que no existe hoy un mecanismo cien por ciento efectivo. Ha sido especialmente complejo para los agrupados comprender señales contradictorias entre entidades del Estado. No resulta comprensible que, por un lado, se llame a pagar IVA digital y, al mismo tiempo, otra institución solicite el bloqueo. Es particularmente llamativo que las empresas que promovemos la regulación y estamos disponibles a tributar seamos las bloqueadas. Ese escenario deja el espacio abierto a operadores informales que no tienen como objetivo el juego responsable ni la protección de menores y grupos vulnerables. Nuestro llamado es urgente. Mientras no se regule no se protege. Seguiremos trabajando con las autoridades hacia un marco regulatorio moderno y sólido. Los miembros de AGR operan de buena fe, cumplen sus obligaciones tributarias y participan constructivamente en el proceso legislativo.
La tecnología permite hoy implementar controles de identidad, monitoreo de conductas de riesgo y herramientas de autoexclusión. ¿Qué papel tendrá la innovación tecnológica en la estrategia de juego responsable de la asociación?
La tecnología es la que permite que estas exigencias dejen de ser declarativas. Hoy, operan en tres frentes. En la puerta de entrada, la verificación de identidad y edad contra fuentes oficiales y la biometría, que es lo que hace estructuralmente imposible el acceso de un menor. En la experiencia del usuario, los sistemas de detección de patrones de juego problemático, las alertas tempranas, los límites de depósito y la autoexclusión, que permiten corregir desviaciones a tiempo. En la trazabilidad financiera, los protocolos KYC, la verificación del origen de los fondos, el reporte de operaciones sospechosas y los sistemas de monitoreo de integridad deportiva. Nuestros socios aplican hoy estas herramientas por convicción y por exigencia de sus licencias de origen, sometidas además a auditorías independientes. El problema es que nada de eso se reporta a Chile. Por eso, planteamos que la ley regule resultados y no tecnologías específicas. Si la norma prescribe una solución técnica concreta, quedará obsoleta antes de implementarse. Si define el resultado exigido y obliga a demostrarlo ante el regulador, la innovación juega a favor de la protección y no en contra. Una condición sin la cual todo lo anterior es retórica implica la medición, la publicación periódica de prevalencia, la canalización y el uso efectivo de las herramientas. Sin esos datos, nadie -ni el regulador, ni el Congreso, ni la prensa, ni nosotros- puede saber si el sistema está funcionando.