Por Nahuel Díaz, periodista y colaborador de G&M News.
¿Cómo continúa la discusión en el Congreso chileno sobre la regulación del juego online?
Está en el Senado, después de la discusión en Diputados en enero de este año. Desde marzo, la cuestión se viene debatiendo con fuerza y con la suma urgencia que le puso el Gobierno de nuestro país. Por lo tanto, hay interés por que el proyecto salga pronto. Me tocó hacer una presentación en Comisión y vi bastante disposición en los senadores para trabajar este proyecto, pero todavía hay una instancia en la que el Ejecutivo tiene que presentar nuevas indicaciones. No sabemos por qué línea van, pero el Senado acogió a los más interesados, los stakeholders, para que expongan. La idea es reunir las opiniones de los participantes en el sector e integrarlas al texto que va a ir a discusión para su posterior aprobación.
A partir de su aprobación, que parece ser inminente, ¿cómo cree que va a ser la convivencia entre el juego presencial y el online regulado en Chile?
Nosotros hemos expresado varias veces que esta ley debe tener un sistema de cumplimiento tal que sea suficientemente robusta y se pueda concretar. Actualmente, tenemos una norma que permite operar a casinos, loterías y Polla. Todo el resto es ilegal, pero no hay herramientas ni autoridad que persiga el juego ilegal. Si esta situación se proyecta a la nueva ley, sería el peor escenario. Por lo tanto, hemos sido insistentes en que hay detalles que corregir en este proyecto, para que esos mecanismos de cumplimiento se den realmente y podamos tener una normativa que proteja a los operadores con licencia y persiga a aquellas empresas que operan de forma ilegal.
Un punto álgido está relacionado con los impuestos, como el que se quiere agregar al juego responsable. ¿De qué manera están integrados estos temas a la iniciativa que trata el Parlamento?
La Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ) hizo un par de observaciones en el aspecto tributario, uno de los puntos que quizás más se discuta en el Congreso. Actualmente, existe una carga bastante alta para la operación de las plataformas si la comparamos con otros países de LatAm, que estaría en torno a un 40%. Si nosotros queremos que la ley cumpla el objetivo de visibilizar a los ilegales e incorporarlos en el marco regulatorio, la tasa impositiva debería ser lo suficientemente atractiva para pasarle a la legalidad, y esto, con esa tasa, no se estaría dando. Hay varios estudios comparados que así lo indican y ya se han presentado en el Congreso. Para los casinos presenciales, a los que represento, existen dos puntos claves. Uno es que se nos está imponiendo un nuevo impuesto, un 1% por el tema del juego responsable, y eso tiene un alto riesgo, porque nos está cambiando las reglas del juego sobre la marcha. Todos los operadores de casinos físicos optaron por una licencia para operar, participaron y pagaron sus impuestos durante 15 años en un escenario bien definido. Ahora, esta imposición cambiaría totalmente el panorama. Hay que entender que las empresas hacen cálculos a largo plazo, proyectan la viabilidad de sus negocios, y más carga impositiva a lo ya se está tributando por la licencia no es un asunto menor. En segundo lugar, vemos que este porcentaje no iría directamente a una institución o una política de juego responsable, sino a las arcas generales del Gobierno. Vemos con preocupación que los recursos que se puedan acumular allí no vayan directamente al fisco. Otro punto es que, como casinos, somos parte de la Corporación de Juego Responsable, donde sí nos hacemos cargo del tema y tenemos estándares, un sistema de autoexclusión voluntaria para aquellas personas con desórdenes en relación con el juego, y otros mecanismos de prevención, ayuda y tratamiento de los jugadores problemáticos. Entonces, no vemos con buenos ojos que nos impongan un porcentaje distinto para que otros se hagan cargo de un problema que ya nosotros tratamos y buscamos resolver. El último tema es el impuesto por entrada. A los casinos se les cobra un 0,07 UTM, que es un tipo de moneda, por cada vez que una persona ingresa a una sala de juegos. El origen era para controlar el ingreso y filtrarlo a las salas de juego, para mitigar el juego problemático. Obviamente, con las plataformas online y la nueva ley, uno va a poder prender el teléfono y jugar sin que haya impuestos por eso. Si se quiere controlar el ingreso en todas las modalidades, la antigua resolución quedó obsoleta. Ahí también marcamos la asimetría para los operadores entre el juego presencial y el online.
¿Cómo describiría la actualidad de los casinos presenciales en Chile?
Es un segmento al que le ha costado recuperarse después de la pandemia. Los casinos estuvieron cerrados por mucho tiempo y estuvieron entre los últimos establecimientos en reabrirse. Recién a fines de 2023 empezamos a ver números similares a los de 2019, en la prepandemia. Ha sido una puesta en marcha lenta, al igual que el turismo en Chile, que pasa por la misma situación. Obviamente, esta nueva regulación implica un desafío adicional, porque se plantea un competidor que está de forma desleal ofreciendo el mismo servicio: entregar a la gente entretenimiento, juegos y apuestas.