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Por Nahuel Díaz, periodista y colaborador de G&M News.
Actualmente, Ecuador avanza hacia un sistema de licencias para las plataformas de pronósticos deportivos, pero mantiene la prohibición de los casinos y los juegos de azar, tanto físicos como virtuales. La nueva normativa establece permisos por cinco años, una tasa anual superior a los US$316.000 y mayores exigencias fiscales y de control. Sin embargo, la convivencia de ambos modelos abre interrogantes sobre el alcance de la fiscalización y los límites de la actividad de los operadores.
En ese sentido, Ecuador atraviesa una etapa de redefinición de su mercado de apuestas. Mientras el Gobierno avanza con un nuevo esquema de licencias para los operadores de pronósticos deportivos, la legislación mantiene una prohibición expresa sobre los casinos y otros juegos de azar. La coexistencia de ambos escenarios plantea uno de los principales desafíos regulatorios del sector: establecer hasta dónde puede llegar la oferta de las plataformas habilitadas para operar apuestas deportivas.
La discusión tiene un punto de partida jurídico. El 4 de mayo de 2026, la Procuraduría General del Estado emitió el Oficio 16528, en el que ratificó que los casinos y los juegos de azar continúan siendo actividades ilícitas en Ecuador, independientemente de que sus organizadores persigan o no fines de lucro. El pronunciamiento alcanzó tanto a los establecimientos físicos como a las modalidades virtuales, y cuestionó los intentos de utilizar fundaciones sin fines de lucro como estructura para desarrollar este tipo de actividades.
La aclaración se produjo después de distintos episodios de apertura y clausura de establecimientos que funcionaban bajo esa figura, entre ellos, el Casino del Sol, en Guayaquil. La Procuraduría sostuvo que la prohibición tiene sustento en la legislación ecuatoriana y que las autorizaciones municipales o administrativas no pueden habilitar actividades que no cuenten con una excepción normativa expresa. El marco contempla excepciones específicas, como la lotería administrada por la Junta de Beneficencia de Guayaquil y determinadas rifas autorizadas. Fuera de esos supuestos, la organización de juegos de azar permanece prohibida.
Sin embargo, el escenario presenta una particularidad: los pronósticos deportivos tienen un tratamiento jurídico diferente. La interpretación que permitió el desarrollo de esta modalidad considera que las apuestas sobre resultados deportivos no constituyen casinos ni juegos de azar en el sentido de la prohibición vigente. Esa distinción posibilitó la expansión de empresas especializadas en el segmento, que ofrecen sus servicios a través de plataformas digitales y puntos de venta.
El problema aparece cuando una misma página web combina apuestas deportivas con ruletas, tragamonedas, blackjack y otros productos propios de los casinos virtuales. La presencia de estas opciones dentro de plataformas dedicadas a los pronósticos deportivos genera una zona de tensión entre la actividad habilitada y aquella que continúa prohibida. La autorización para operar apuestas deportivas no implica, por lo tanto, un permiso para ofrecer juegos de casino.
Un nuevo sistema de licencias para las apuestas deportivas
En paralelo con esta discusión, el Gobierno ecuatoriano avanzó en la formalización del mercado. El Decreto Ejecutivo 422, firmado el 12 de junio de 2026 y publicado en el Registro Oficial el 15 de junio, incorporó un marco específico para regular la operación de pronósticos deportivos dentro del Reglamento General a la Ley Orgánica del Deporte, la Educación Física y la Recreación.
Uno de los principales cambios es la creación de una licencia de operación de pronósticos deportivos, concebida como el título habilitante para desarrollar esta actividad en el país. Los permisos tendrán una vigencia máxima de cinco años y podrán renovarse por un período equivalente. La normativa fijó un costo anual de 655 salarios básicos unificados. Con el salario básico de 2026, el importe asciende a US$316.710 por año. El pago debe realizarse durante los primeros 20 días de cada ejercicio fiscal. El incumplimiento de esta obligación puede derivar en la suspensión de la actividad y en la aplicación de medidas correctivas.
El régimen también establece condiciones jurídicas, técnicas, financieras y operativas para los interesados. Entre ellas, figuran la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), la acreditación de la personería jurídica, la identificación de los representantes legales, la declaración sobre la licitud de los fondos y la demostración de capacidad para operar en el mercado ecuatoriano.
Las empresas extranjeras también deben cumplir con las exigencias de domiciliación y representación legal previstas en la normativa. De esta manera, el esquema busca que los operadores que ofrecen sus servicios a usuarios ecuatorianos queden sujetos a las obligaciones locales, independientemente de su origen.
La regulación incorpora, además, disposiciones vinculadas con la prevención del lavado de activos, la integridad deportiva, la protección de los usuarios y el juego responsable. Los operadores deben registrarse ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), garantizar la trazabilidad de las transacciones y establecer mecanismos de control sobre las operaciones y los movimientos de fondos.
En materia tributaria, el Decreto 422 introdujo modificaciones al régimen del impuesto a la renta único para los operadores de pronósticos deportivos. La base imponible contempla los ingresos generados, incluidas las comisiones, menos los premios pagados durante el período, con una tarifa del 15%. También se estableció una retención del 15% sobre el valor total de los premios obtenidos por los jugadores en cada evento pronosticado.
El desafío de identificar a los operadores habilitados
La implementación del nuevo régimen abre una segunda discusión: cuántas empresas podrán continuar operando bajo las nuevas condiciones y qué ocurrirá con aquellas que no obtengan la licencia. El reglamento estableció un período de transición de 90 días desde su entrada en vigencia para que los operadores que ya desarrollaban la actividad solicitaran el permiso. Ese plazo venció el 11 de septiembre de 2026 y marcó un primer punto de inflexión para el mercado.
Al respecto, la cantidad de solicitudes presentadas, las licencias efectivamente concedidas y las empresas que quedaron fuera del sistema son algunos de los indicadores centrales para medir el alcance de la nueva regulación. También será relevante conocer qué marcas internacionales y operadores locales lograron adecuarse a los requisitos y cuáles decidieron no continuar en el país. Hasta ahora, la identificación del universo de empresas activas ha sido una dificultad. Los relevamientos periodísticos anteriores habían detectado alrededor de 26 compañías vinculadas con las apuestas deportivas, aunque la falta de publicación de un catastro actualizado por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI) complicaba establecer cuántas estaban debidamente registradas.
La nueva licencia busca resolver parte de ese problema mediante un registro de operadores sometidos a condiciones comunes de autorización y fiscalización. No obstante, su efectividad dependerá de la capacidad de las autoridades para verificar quiénes operan efectivamente en el país, controlar las plataformas digitales y actuar frente a los servicios que no cuenten con autorización.
En ese contexto, la separación entre pronósticos deportivos y juegos de casino será una de las cuestiones más sensibles. El desafío para Ecuador no consiste solamente en habilitar y registrar a las empresas de apuestas, sino también en impedir que esa autorización se utilice como cobertura para ofrecer productos que continúan prohibidos por la legislación nacional. El resultado de este proceso definirá el nuevo mapa del juego online ecuatoriano: un mercado en el que las apuestas deportivas avanzan hacia un modelo de licencias, obligaciones fiscales y supervisión estatal, mientras los casinos virtuales permanecen fuera del marco legal.
Estos temas y muchos más se debatirán durante la segunda edición de G&M Eventos Ecuador, a efectuarse el jueves 26 de noviembre de 2026 en la ciudad de Quito. El registro está disponible en este link.








