Recibe más de G&M News en Google
Añadir como fuente preferida
Por Nahuel Díaz, periodista y colaborador de G&M News.
¿Cómo analiza el escenario regulatorio actual del Ecuador para la industria del gaming?
Ecuador vive una contradicción. Prohíbe el juego, pero el juego existe, se practica y, en parte, el Estado ya lo cobra con impuestos. Esa distancia entre la norma y la realidad crea zonas grises que no benefician a nadie: ni al Estado, que deja de recaudar y de controlar, ni al jugador, que queda desprotegido, ni a las empresas serias, que quieren operar con reglas claras. En el segmento presencial, la prohibición de 2011 no eliminó el juego; lo empujó a la informalidad. Existen empresas que se dedican a explotar el juego presencial físico, las clausuran y las vuelven a habilitar, ya sea en hoteles o en locales donde existe gran afluencia de gente. Cuando una prohibición no se puede hacer cumplir de manera consistente, deja de proteger y sólo genera incertidumbre. Además, Ecuador pierde inversión, turismo y empleo frente a países vecinos, como Perú y Colombia, que tienen casinos regulados y supervisados. La propia Corte Constitucional habilitó en 2025 la posibilidad de consultar el regreso de los casinos en hoteles cinco estrellas o simplemente generar una ley para explotar la actividad por medio de organizaciones sin fines de lucro detallando las reglas claras para definir esa estabilidad jurídica para los empresarios. Hay base jurídica para avanzar; falta decisión política. En el segmento online, Ecuador dio un paso positivo. Los pronósticos deportivos ya cuentan con ley, reglamento, Acuerdo Ministerial, se determina la entidad reguladora, licencia, controles contra el lavado de activos, reglas de juego responsable y un régimen tributario. Esto demuestra que regular sí es posible y que la industria está dispuesta a formalizarse, cumplir y tributar.
¿Qué características tiene el juego en el país en torno a cuestiones como licencias, fiscalización, publicidad, pagos y protección al jugador?
La licencia es única para la actividad de pronósticos, pero el operador online debe acreditar además requisitos técnicos, como dominio .com o .ec, certificación de un laboratorio autorizado y marca registrada, junto con domicilio en Ecuador, objeto social específico y estados financieros auditados. Los juegos físicos aún no cuentan con una legislación clara y no importa el orden jerárquico de leyes. Simplemente, se trata de sacar normativa sin tener un horizonte claro y sin respetar los principios rectores del derecho. Fiscalización: el canal físico tiene mayor riesgo por el manejo de efectivo. El online, por su parte, debe enfrentar la competencia de plataformas extranjeras sin domicilio ni licencia en el país. Publicidad: las reglas son comunes a ambos canales, pero el online es más sensible por su alcance digital. Los influencers y medios no pueden publicitar operadores sin licencia y responden solidariamente por las infracciones. Pagos: el Reglamento fija topes por medio de pago. Por ejemplo, con tarjeta de crédito el límite es de US$350 por pronóstico y US$6.100 mensuales, mientras que el efectivo en punto físico admite US$500 por pronóstico y US$9.900 al mes. Protección del jugador: en el canal físico, el control de edad es presencial. En el online, depende de procesos sólidos de verificación de identidad, porque si un menor logra registrarse, su cuenta debe cancelarse de inmediato.
¿Cuáles considera que son hoy los principales vacíos o desafíos jurídicos?
La regulación quedó incompleta. El casino online no tiene un marco propio, aunque el SRI ya le cobra IVA. La carga total sobre el operador formal (impuesto a la renta, IVA, retención sobre premios y una tasa anual de US$315.710) es tan alta que favorece a las plataformas ilegales del exterior, que no pagan nada. El principal desafío es aprobar una ley integral del juego. Me refiero a una sola ley que regule todas las modalidades, presenciales y online: apuestas deportivas, virtuales, casino online, salas y casinos físicos. Debe dejar en claro qué está permitido y en qué condiciones, y crear un regulador técnico especializado. Hoy, la supervisión depende de un Viceministerio del Deporte sin recursos suficientes. Hace falta una entidad con personal técnico, presupuesto propio y capacidad real de control, como ocurre en Colombia con Coljuegos o en Perú con el MINCETUR. También, legalizar el casino online con licencia. Si el Estado ya lo grava con IVA, lo coherente es regularlo con los mismos estándares exigidos a los pronósticos deportivos. A eso se suma reabrir el juego presencial de forma controlada. Se podría empezar por los casinos en hoteles de alta categoría, con requisitos de inversión, controles contra el lavado de activos y aportes a programas sociales. Esto daría a operadores como los que hoy funcionan bajo fundaciones una vía legal y clara. Ajustar la carga tributaria. Gravar sobre ingresos netos (lo apostado menos los premios pagados), como en mercados exitosos, para que el operador legal pueda competir con el ilegal. Perseguir al ilegal, no al formal. Aplicar de verdad el bloqueo de sitios sin licencia y de sus medios de pago, y publicar una lista oficial de operadores autorizados para que el jugador sepa dónde apostar con seguridad. Elevar a ley lo que hoy está en decretos. Así se da estabilidad jurídica y se protege la inversión frente a cambios constantes. Asumir el juego responsable como política conjunta. Un registro nacional de autoexclusión, campañas de prevención y protección de menores, financiadas en parte por la propia industria. En conclusión, la experiencia demuestra que prohibir no elimina el juego; regularlo sí permite controlarlo. Ecuador ya probó con los pronósticos deportivos que un marco serio funciona. El siguiente paso es extender ese modelo a todo el sector. Así, el Estado gana recaudación y control, el jugador gana protección y el país gana inversión y empleo formal.
¿Qué lecciones dejó la experiencia del Mundial FIFA 2026, donde Ecuador participó con su Selección de Fútbol, en torno a las apuestas deportivas?
Fue una prueba de fuego para el sector. El torneo coincidió con la expedición del Reglamento, firmado el segundo día del Mundial. Los operadores tuvieron que gestionar picos históricos de demanda mientras arrancaba el proceso de transición regulatoria. La participación de la Selección, que llegó a dieciseisavos de final tras una victoria histórica ante Alemania y fue eliminada por México, disparó el interés y el volumen de pronósticos, especialmente en vivo. El balance deja tres lecciones: el mercado formal demostró madurez operativa; la competencia de operadores ilegales sigue siendo el principal problema; y la protección del jugador y la integridad deportiva deben reforzarse en eventos de alta exposición.
¿Cuáles son las expectativas para G&M Eventos Ecuador 2026, y qué temas deberían ocupar un lugar central en el debate de la industria durante el encuentro?
Las expectativas son altas porque el encuentro llega en un momento clave. Su segunda edición se realizará el 26 de noviembre en Quito y reunirá a operadores presenciales y online. Los temas que deberían ocupar el centro del debate son: el estado del licenciamiento con la normativa secundaria; el combate a la oferta ilegal y el bloqueo de plataformas sin licencia; la prevención del lavado de activos y la coordinación con la UAFE; la integridad deportiva y la prevención del amaño de eventos deportivos, y el juego responsable junto con la publicidad ética.
¿Qué oportunidades de crecimiento observa para Ecuador como mercado y qué condiciones deberían darse para atraer nuevas inversiones, impulsar la innovación y favorecer un desarrollo sostenible del sector?
Ecuador tiene un mercado con alto potencial y una fuerte cultura futbolera. Según el estudio de Alberto Acosta Burneo, el mercado formal de pronósticos en el país mueve alrededor de US$252 millones y genera 22.000 empleos directos e indirectos. Para atraer inversión e innovación, se necesitan cuatro condiciones: seguridad jurídica, con reglas estables y procesos de licenciamiento previsibles; una carga fiscal razonable que no empuje a los jugadores hacia la oferta ilegal; un control efectivo de los operadores no autorizados, sin el cual el operador formal queda en desventaja, y un diálogo público-privado permanente entre el regulador y la industria. Un mercado ordenado puede convertirse en referente regional y en una fuente sostenible de recaudación, empleo y financiamiento del deporte.








