En el Perú, probablemente, se han vivido las elecciones más controversiales de nuestra historia republicana. En medio de un ambiente turbio cargado de denuncias y con una sociedad fraccionada en dos grupos, igualmente numerosos y representativos, parece complicado el manejo político y económico del país en los próximos años. Frente a tal escenario, surgen las dudas de lo que podría pasar en un eventual gobierno de Perú Libre, partido que lleva una pequeña ventaja sobre su contrincante, Fuerza Popular, faltando la revisión de muchas actas en observación.
Como si no bastaran los efectos devastadores que aún sufrimos de la pandemia del COVID-19 y las pésimas decisiones en materias sanitarias y económicas que tomó el régimen de turno en ese momento, hoy enfrentamos la incertidumbre de no saber, hasta dentro de unos días, quién será el/la nuevo/a presidente del país. En caso de resultar ganador el candidato Pedro Castillo, tampoco se tiene certeza sobre cuál será su política económica ni su posición respecto a la actividad del juego, un sector que incluye mucha inversión extranjera. Hubo un momento en su campaña en el que, durante una entrevista para la televisión nacional, aseveró literalmente que “no quería casas de apuestas en el Perú”. Sin embargo, en ese mismo tipo de entrevistas, ha declarado muchas cosas que luego fueron desestimadas, corregidas o interpretadas de otra manera.
EL NUEVO GOBIERNO PERUANO Y EL JUEGO
Entonces, ¿qué podría suceder ante un eventual gobierno suyo? Lo primero que pienso es que, según indica la experiencia, un gobierno de su corte político suele incrementar los impuestos a los negocios que considera rentables. En definitiva, uno de los personajes que apareció a su lado como voz autorizada en materia económica (y que recientemente fue desautorizado por el secretario general del Partido, contribuyendo más a la incertidumbre) expresó muchas veces que el juego debería pagar Impuesto General a las Ventas (IVA, en otros países), que es una tasa del 18% sobre el casi 50% que ya se paga actualmente. Es decir, pretende subir el consolidado tributario a un rango de entre el 65% y el 70%. Por supuesto, resulta evidente que estos indicadores harían inviable el negocio y lo condenarían a una rápida desaparición, lanzando más de 80.000 personas a la calle.
¿Sucederá realmente aquello? Por una parte, es de esperar, ya que la receta inmediata de este tipo de gobiernos es aumentar los impuestos, sin analizar si esa medida es viable o no. Por otro lado, el nuevo gobierno va a necesitar mucha recaudación fiscal para sanear el déficit provocado por la pandemia y cubrir el gasto de las promesas electorales, que debe cumplir en el plazo inmediato para tranquilizar a la opinión pública. Habrá que ver si se tiene el suficiente entendimiento para comprender que matar a una industria por pretender exprimirle lo que no tiene es una pésima decisión, o si se sigue insistiendo absurdamente que los casinos y salas de máquinas tragamonedas son minas de oro que generan recursos infinitos.
El aspecto laboral tampoco debe ser menospreciado. La pobreza en Perú subió del 20% al 30% en un año, con grave pérdida de empleos formales. Así, la aportación al erario y a la sanidad pública ha caído fuertemente. De esta forma, no parece la decisión más inteligente ni popular provocar el cierre de una industria que, a duras penas, está logrando salir de la crisis de la pandemia y provee miles de puestos de trabajo. Pero, nuevamente, habrá que ver si estos aspectos generan el debido interés en los funcionarios y tienen impacto en sus planes de gobierno.
DOS POSIBLES ESCENARIOS PARA LA INDUSTRIA
Basándonos en lo que ocurrió en otros países con gobiernos de similar corte, Argentina es el único donde la industria del juego sobrevivió abierta, aunque con mayor carga impositiva. Sin dudas, no son noticias alentadoras para los peruanos. Sin embargo, pueden jugar a favor la cantidad de puestos de trabajo y las operaciones que tenemos en el Perú, además del aporte fiscal que el gaming ha venido haciendo en los últimos diez años.
Por otro lado, está el siempre controversial tema de la regulación integral de las apuestas deportivas y el juego online. Acá, desde mi óptica, el panorama parece un poco más calmo y definido, y apunta a que las cosas en materia tributaria queden como están o, en el peor de los casos, a que haya una ligera imposición especial. La razón para esta presunción es que los grandes protagonistas de este negocio son allegados al candidato Castillo o grupos de poder muy importantes de los que va a necesitar apoyo y soporte. Sin embargo, sí imagino algún cambio importante en la parte regulatoria, cerrando el mercado a nuevas inversiones o empresas. Pero, claro, sabemos que estos cambios no se van a producir en los primeros meses tras la asunción oficial. La agenda de gobierno de Perú Libre prioriza un cambio en la Constitución, modificación y/o reemplazo de las instituciones y demás, lo que le demandará al menos el primer año de gobierno. En ese tiempo, creo que podremos leer las señales de hacia dónde estará dirigiéndose el país.
Ahora bien, ¿qué pasaría si ganara Fuerza Popular? Aquí, las cosas se vislumbran mucho más nítidas. Aunque las posibilidades numéricas para el triunfo son reales, la manera como se han ido desenvolviendo los hechos nos dice que la tarea es muy difícil, ciertamente, aunque no imposible. De darse esta victoria de la candidata Keiko Fujimori, el panorama para la industria del juego resultaría mucho más alentador, ya que ella se ha mostrado permanentemente a favor de toda industria legal, regulada y fiscalizada, que aporte al Estado en impuestos. Desde ese punto de vista, el camino sería mucho más amable y propicio para los inversionistas locales y extranjeros, generando la restitución de la cadena de pagos.
No debemos olvidar nunca lo que vivimos en 2020. Inexplicablemente, el sector del juego estuvo cerrado nueve meses, abriendo luego sólo por 45 días antes de volver a cerrar. Hubo que salir a la calle para reclamar y exigir que se respetara el derecho al trabajo. Hoy, las salas atienden en horario restringido, gracias a un singular toque de queda, y con un aforo reducido, mientras vemos aglomeraciones y tumultos en todo el país ante la inacción del gobierno. En este punto, curiosamente, hay una coincidencia de opiniones entre ambos candidatos, en el sentido de que el toque de queda es absurdo y debe levantarse. Lo mismo opinan Castillo y Fujimori sobre las restricciones a las actividades económicas. Como se puede comprender, es pronto para emitir opiniones contundentes o definitivas. El panorama aún es incierto, pero los riesgos son importantes y habrá que estar atentos. En los próximos días, sabremos si se confirman o atenúan las preocupaciones puntualizadas en esta columna.