En un repentino movimiento que responde a intereses políticos, la semana pasada, Salazar por Resolución Ministerial n° 44, las autoridades del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) del Perú (cuyo titular es Juan Carlos Mathews) definieron la salida del abogado Eduardo Sevilla Echavarría, vinculado con el anterior gobierno de Pedro Castillo, del cargo de Director General de la Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas luego de dos años de gestión.
Frente a esta vacante, por Resolución Ministerial n° 48, el organismo nombró en su lugar a Yuri Guerra Padilla, Director de la Dirección de Control y Sanción de la Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas, “quien se encuentra prestando servicios bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo n° 728, para que se desempeñe en el puesto de Director General de la Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas, a partir del 17 de febrero de 2024, en adición a sus funciones”.
Guerra Padilla es Ingeniero Electrónico con grado de Magister en Gestión Pública, Diplomado en Sistema de Gestión de Seguridad de Información, con estudios de Posgrado en Ingeniería de Telecomunicaciones, y especialización en nuevas tecnologías de información, además de contar con capacitaciones y entrenamientos de GLI y de GSA sobre temas relacionados al software, hardware y dispositivos de juego electrónicos de las máquinas tragamonedas, Sistemas Online y Sistemas Progresivos. El funcionario cuenta con experiencia laboral de más de quince años en el sector público. En el Mincetur, se ha desempeñado como Director de Control y Sanción, Ingeniero Electrónico IV y Técnico en Equipos Electrónicos II.
UN MOMENTO CLAVE PARA EL SECTOR EN EL PERÚ
Este encargo busca dar continuidad, fluidez y transparencia a la industria del juego en el país, según el impulso propuesto por la actual presidenta de la Nación, Dina Boluarte. Hay que señalar que, el año pasado, se publicó la actualización del Reglamento de la Ley nº 31.557 que se modificó por la Ley n° 31.806. La medida se había anunciado como un paso a favor de la seguridad y la solvencia de la actividad, trayendo beneficios tanto a operadores como a los usuarios, además de brindando aportes impositivos al Estado.
Dicha Ley reguló el juego online y las apuestas deportivas, y estableció un impuesto especial al juego del 12% de la utilidad neta de los operadores. Eso implicó que, tras la entrada en vigor de la Ley en febrero de 2024, las más de 50 empresas de juegos de azar digitales y apuestas deportivas que operan en el país debieran pedir sus licencias al Mincetur. Actualmente en vigencia, el plazo para autorizar el funcionamiento de estas compañías vencerá el próximo 13 de marzo de 2024. En ese sentido, se dio a conocer que el Mincetur ya aprobó el trabajo a futuro dentro del país de cuatro laboratorios de certificación y 20 proveedores del sector online.