Finalmente, el Gobierno español ha aprobado el Real Decreto 958/2020 (https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13495.pdf) que entró en vigor el pasado 4 de noviembre y que establece medidas altamente restrictivas y, en cierta medida, prohibitivas para las acciones publicitarias y comerciales de las compañías de juego online que operan legalmente en España en base a la Ley 13/2011. La decisión se tomó durante la pandemia del COVID-19 que ha sumido al país en una profunda crisis sanitaria y, sobre todo, en una grave crisis económica que durará muchos años.
Sin ningún sustento científico ni estadístico, el Gobierno, a través del Ministerio de Consumo, ha implementado una serie de medidas absolutamente injustificables que terminarán favoreciendo el traspaso de un importante volumen del negocio de juegos y apuestas online a operadores que cuentan con una oferta más competitiva desde territorios offshore, sin licencias ni garantías para los consumidores, y sin ningún control sobre el cumplimiento, tanto tecnológico como fiscal, del juego responsable.
Personalmente, uno se avergüenza de las expresiones que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, llega a utilizar para defender el absurdo Decreto, al punto que, por la falta de veracidad de los datos y razonamientos que se ofrecen, lo inhabilita como responsable del cargo que ocupa. A mi entender, la decisión va a tener consecuencias contrarias a los objetivos pretendidos, y resultará una serte de tiro en el pie. Con este Real Decreto, el Gobierno de España se convierte en aliado de la oferta de juegos y apuestas online de jurisdicciones extraterritoriales, perjudicando gravemente la competitividad de los operadores legalmente autorizados.
LA DEMONIZACIÓN DEL JUEGO PRIVADO
Mientras que el Gobierno insiste en la necesidad de limitar y restringir actividades publicitarias y acciones comerciales que son básicas para el desarrollo del juego y las apuestas online, a los operadores esta determinación los lleva a una situación de desamparo y falta de capacidad para competir con la propuesta ilegal de iGaming de las firmas que trabajan de manera extraterritorial. Así, el Real Decreto termina demonizando e incluso criminalizando al gaming español sin motivos ni argumentos que aporten pruebas que justifiquen estas medidas, que parecen ser fruto de una mala voluntad y oportunismo político frente a una actividad lícita y perfectamente regulada. No hay dudas de que habrá daños económicos irreparables a empresas que, de ambos lados, han suscrito contratos de servicio, publicidad y comerciales basados en la regulación establecida, llevando a la industria a la inseguridad jurídica.
En paralelo, el Decreto también es discriminatorio y establece una división entre el buen y el mal juego, no aplicándose las mismas reglas al juego público de SELAE (Lotería Nacional) u ONCE (mal llamado ‘Lotería de Ciegos’), cuya actividad en patrocinio y publicidad es exponencialmente más fuerte e invasiva que la que llevan a cabo los operadores de juegos de azar y apuestas online. Estas loterías suelen promover su oferta de juego en todos los canales y medios de comunicación sin límites en las expresiones y mensajes que prometen un rápido enriquecimiento o la solución de sus vidas a quienes participan en sus juegos. Incluso, estos operadores de juegos de azar públicos pueden llevar a cabo sus sorteos difundiendo su publicidad y premios durante las horas de visualización de la audiencia infantil, algo que han estado haciendo durante años sin cuestionamientos. También hay una desproporción en los números de participación de los consumidores en la oferta general del juego. Se ha demostrado que más de 30 millones de personas apuestan en los juegos de Lotería Nacional o Lotería de Ciegos, mientras que cerca de 10 millones participan ocasionalmente en los diferentes segmentos de juegos de azar privados. De ese total, sólo 1,5 millón de personas juega online.
UN ALARMISMO FABRICADO
“Damos respuesta a una alarma social y satisfacemos un punto del acuerdo de coalición”, dijo el ministro Garzón. Pero esa ‘alarma social’ a la que se refiere no existe más que en su mente y no hay evidencia alguna que confirme su presencia en el quehacer cotidiano de los españoles. Son simplemente declaraciones inconsistentes con falta de apoyo, fabricadas por razones ideológicas. Incluso, ¡el propio ministro admitió increíblemente que no tiene datos en los que apoyarse! Por eso, se atreve a hablar de intuición o percepción para no justificar las medidas tomadas, cuando se trataba simplemente de un supino desconocimiento de lo que es el juego como actividad recreativa, entretenimiento intrínseco a la vida humana.
Ni siquiera el aumento en el consumo de juegos de azar durante la pandemia le da una excusa válida. Sólo hay que mirar las estadísticas para comprobar que el encierro, el estar más tiempo en casa y el cambio de hábitos de la sociedad hacia una mayor digitalización no se ha trasladado a un aumento en el gasto proporcional de los consumidores en la actividad del juego. Esta evidencia se aplica a todo tipo de juegos de azar: presencial, digital y a las diferentes loterías públicas. Todas estas opciones están sufriendo las consecuencias económicas y sociales de la pandemia.
En definitiva, y sin querer desautorizar aún más al Ministerio de Consumo y sus no-argumentos, con respecto a lo que se refiere como un ‘aumento del juego problemático’, basta con aportar algunos datos correspondientes a informes verificados -algunos de ellos, oficiales- que muestran una realidad muy diferente a la que el ministro pretende ‘vender’ para justificar este desastroso Real Decreto:
a) La incidencia de juego problemático en España se sitúa entre el 0,3% y el 0,5% de la población de entre 15 y 65 años (Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España, EDADES, y Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias, ESTUDES, del Plan Nacional sobre Drogas).
b) Se busca equiparar la aplicación de medidas restrictivas prohibitivas al sector del juego y las apuestas online con las aplicables al tabaco y las bebidas alcohólicas, que son sustancias reglamentadas médicamente con un nivel de adicción del 34% y el 5,1% respectivamente (mismas encuestas del punto anterior).
c) España es el segundo país de Europa con menor incidencia de juego problemático, con un 0,3% de la población entre 15 y 65 años.
No hay mucho más que decir, salvo lamentar la miopía del actual Gobierno español y reiterar el carácter injustificable de este Real Decreto, sostenido sin ningún argumento comprobable, salvo el capricho y el desconocimiento sobre el sector.
El tiempo pondrá a todos en su debido lugar. Sólo queda la esperanza de que, en algún momento, el sentido común y la razón prevalezcan sobre la miseria intelectual de quienes toman este tipo de decisiones basadas únicamente en ideologías, intuiciones personales y falsos supuestos.