Por Nahuel Díaz, periodista y colaborador de G&M News.
Usted llega al cargo tras haber sido diputada oficialista. ¿Qué impronta política y de gestión pretende trasladar ahora a una institución históricamente vinculada a la asistencia social y los juegos de suerte y azar?
Llego a la Presidencia Ejecutiva de la Junta de Protección Social de Costa Rica con una visión de modernización, fortalecimiento institucional y profundo compromiso social. La Junta representa uno de los modelos solidarios más importantes del país, porque transforma la confianza de las personas en recursos que impactan directamente a poblaciones vulnerables y organizaciones sociales en todo Costa Rica. Mi experiencia en la Asamblea Legislativa me permitió conocer de cerca muchos de los desafíos que hoy enfrenta el país, particularmente en temas de modernización del Estado, legalidad y sostenibilidad social. Quiero trasladar esa experiencia a una gestión cercana, transparente y con capacidad de adaptación frente a los nuevos escenarios tecnológicos y económicos. La institución tiene una enorme responsabilidad social, pero también enfrenta retos importantes derivados de la transformación digital y el crecimiento de modalidades ilegales de juego. Por eso, vamos a impulsar una Junta moderna, innovadora y firme en la defensa de los recursos que pertenecen al bienestar social.
¿Cuáles serán sus tres prioridades inmediatas al frente de la JPS en este inicio de sus tareas?
Desde la Presidencia de Junta Directiva de la JPS, una de mis principales prioridades será fortalecer el posicionamiento y la confianza en una institución moderna, transparente y cercana a la ciudadanía, pero siempre manteniendo su esencia solidaria y su impacto social. En segundo lugar, impulsaremos una agenda enfocada en la lucha contra la ilegalidad y la modernización institucional. Hoy, existe una realidad distinta marcada por la transformación digital y el crecimiento de plataformas y esquemas no autorizados que afectan directamente los recursos destinados al bienestar social. Como tercera prioridad, queremos mantener el impacto social de la Junta, asegurando que los recursos lleguen de manera eficiente a las organizaciones beneficiarias y a las poblaciones que más lo necesitan, siempre bajo principios de transparencia, articulación institucional y responsabilidad pública.
En América Latina, el avance del juego ilegal y de las plataformas online sin licencia se convirtió en una preocupación creciente. ¿Qué diagnóstico tiene sobre Costa Rica y qué medidas analiza impulsar?
Costa Rica no es ajena a esta problemática regional. Esto no sólo afecta la institucionalidad y la competencia legal, sino que también impacta directamente los fondos destinados a programas sociales. Estamos frente a una realidad que evolucionó muy rápido con la tecnología. La legislación vigente fue creada en un contexto muy distinto al actual y no necesariamente contempla de manera suficiente las nuevas dinámicas digitales. Por eso, consideramos importante promover una discusión nacional sobre modernización normativa, fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización y articulación interinstitucional. El objetivo debe ser proteger a las personas consumidoras, combatir la ilegalidad y asegurar que los recursos generados por esta actividad continúen llegando al bienestar social.
En su etapa legislativa, generó iniciativas vinculadas a la salud pública. Ahora, desde la JPS, ¿piensa profundizar campañas relacionadas con prevención, debido a la problemática que plantea la ilegalidad en la sociedad?
Sí, definitivamente. La prevención y la información son fundamentales. La Junta tiene una gran responsabilidad en promover campañas sobre legalidad, juego responsable y consumo informado. Queremos fortalecer la educación ciudadana y generar conciencia sobre la importancia de utilizar canales oficiales y seguros. Además, es importante recordar que detrás de cada producto oficial de la Junta existe un impacto social real, así como el sustento de miles de vendedores autorizados en todo el país. Sabemos que la prevención también implica proteger ese modelo solidario que beneficia directamente a muchísimas familias costarricenses.
¿Por qué creen que es fundamental avanzar con el Proyecto de Ley 25.057 y qué beneficios traería una actualización normativa del juego digital?
Porque el país necesita actualizarse frente a una realidad que ya cambió. La transformación digital modificó profundamente la industria de juegos de azar en el mundo, y Costa Rica requiere herramientas modernas para enfrentar esos desafíos de manera responsable. La ausencia de un marco actualizado genera vacíos que pueden ser aprovechados por actividades no autorizadas y limita la capacidad institucional para fiscalizar adecuadamente estas nuevas modalidades. Una actualización normativa permitiría fortalecer controles, ordenar el mercado, proteger a las personas usuarias y brindar mayores capacidades de supervisión y sanción frente a actividades ilegales. Además, contribuiría a resguardar recursos que finalmente se traducen en programas sociales para miles de personas en condición de vulnerabilidad. Este debe entenderse como un debate de interés público, vinculado a la legalidad, la transparencia y la sostenibilidad del modelo solidario que representa la Junta.
¿Cuáles considera que son los mayores retos futuros de su gestión?
Uno de los principales retos será mantener la sostenibilidad y competitividad de la institución en un entorno cada vez más digitalizado y dinámico. Las instituciones públicas también deben evolucionar y adaptarse a nuevas formas de consumo y participación ciudadana. Otro gran desafío será combatir la ilegalidad y proteger los recursos destinados al bienestar social. Cada recurso que se desvía hacia actividades ilegales representa menos apoyo para organizaciones sociales, adultos mayores, niñez, personas con discapacidad y muchas otras poblaciones vulnerables. Finalmente, también será un reto consolidar una gestión moderna, transparente y cercana a la ciudadanía, fortaleciendo la confianza en una institución histórica para Costa Rica. Nuestro compromiso es trabajar con responsabilidad y visión de futuro para que la Junta continúe siendo un referente de solidaridad, innovación y bienestar social para la población.
