Por Nahuel Díaz, periodista y colaborador de G&M News.
Usted impulsó el proyecto de ley “Fortalecimiento y Modernización de la Junta de Protección Social”. ¿Cuáles son los cambios más relevantes que propone esta iniciativa y qué impacto espera que tenga en el futuro de la institución y del mercado regulado en Costa Rica?
El Proyecto de Ley 25.600, “Ley para el Fortalecimiento y Modernización de las Competencias de la Junta de Protección Social y Regulación de los Juegos de Azar en el Marco de la Seguridad y la Lucha contra el Crimen Organizado” de mi autoría, propone una reforma integral para modernizar el marco legal y regulatorio del sector. 1) Reconoce y moderniza dos roles diferenciados para la Junta de Protección Social (JPS): como operador directo y desarrollador de loterías (preimpresas o electrónicas), apuestas deportivas y videoloterías; y como autoridad reguladora y fiscalizadora única del sector de juegos de azar. Se establece una separación operativa adecuada entre ambos roles para garantizar la imparcialidad; 2) faculta a la JPS a otorgar títulos habilitantes (autorizaciones, licencias, permisos o concesiones) a operadores privados nacionales o extranjeros bajo estrictos estándares técnicos, financieros y legales; 3) exige la certificación de Sistemas de Generación Aleatoria (SGA/RNG) por laboratorios independientes, auditorías informáticas y un monitoreo de transacciones en tiempo real.; 4) extiende el ámbito de aplicación a plataformas web y aplicaciones móviles, obligando a implementar medidas de geobloqueo efectivo para evitar que los residentes accedan a sitios no autorizados; 5) prohíbe el uso de criptoactivos o monedas virtuales, obligando a realizar todas las transacciones en moneda de curso legal regulada por el Sistema Bancario Nacional; 6) introduce el artículo 249 bis al Código Penal para castigar con penas de 2 a 6 años de prisión a quien organice, administre, comercialice o financie juegos de azar o apuestas sin título habilitante, con agravantes si involucra a menores o usa plataformas digitales para evadir controles; 7) busca resguardar y recuperar los fondos de la JPS frente a un mercado clandestino digital en crecimiento. Además, robustece la estructura institucional dotándola de herramientas modernas de fiscalización financiadas mediante los nuevos cánones de los títulos habilitantes, y 8) pretende canalizar el juego ilegal hacia la formalidad, cerrando portillos al fraude, la evasión fiscal y el lavado de dinero proveniente del crimen organizado, mientras se compite con productos oficiales más atractivos y seguros. Al regular el juego digital y recuperar recursos que hoy se pierden en la clandestinidad, la iniciativa busca fortalecer el financiamiento de más de 452 organizaciones y más de 500 programas sociales dirigidos a poblaciones vulnerables, entre ellas personas adultas mayores, personas con discapacidad, organizaciones que atienden pacientes con distintas enfermedades como cáncer, VIH, personas en situación de calle, personas en farmacodependencia, niños en vulnerabilidad y personas en cuidados paliativos, entre otros.
¿Por qué decidió presentar un proyecto propio, luego del rechazo a la iniciativa de Ley 25.057 por parte de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa de Costa Rica? ¿Qué beneficios considera que traería una actualización normativa del juego digital?
El Expediente 25.057 recibió un dictamen negativo de mayoría en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico debido a varias deficiencias señaladas por Servicios Técnicos, la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y SUTEL. Esta nueva propuesta se elaboró precisamente para corregir esos vacíos jurídicos de manera integral. El proyecto anterior duplicaba conductas semánticamente similares (como “vender” y “comercializar”) aplicando sanciones administrativas en un caso y cárcel en otro, lo que generaba roces de proporcionalidad y el riesgo de aplicar siempre la norma más favorable (despenalizando la conducta más grave). La nueva propuesta unifica el criterio tipificando claramente el delito de operar sin autorización en el Código Penal. Corrige la falta de articulación con las leyes vigentes. El nuevo texto excluye de forma explícita de su ámbito de aplicación actividades reguladas bajo regímenes especiales, tales como los sorteos tradicionales/familiares, los casinos, el juego Crea y el Bingo de la Cruz Roja. Solventó las críticas de SUTEL respecto a la inviabilidad de obligar a los proveedores de Internet a bloquear contenidos (lo cual generaba roces de competencia), trasladando la responsabilidad de implementar el geobloqueo técnico directamente a los operadores y plataformas autorizadas. También aclara de forma expresa que la JPS es el órgano competente única y exclusivamente en la materia que le corresponde. Además, la nueva redacción mejora la coherencia normativa y delimita con mayor claridad las competencias institucionales. Los beneficios de la actualización normativa son: busca frenar la legitimación de capitales, que según datos del OIJ reflejó un aumento de casos de lavado de dinero entre 2024 y 2025; el mercado ilegal acapara el 53% de la lotería y apuestas en Costa Rica, lo que representa una fuga de unos ₡297.000 millones anuales. Al formalizar el juego digital, el Estado captaría más de la mitad de los recursos que actualmente pierde y que podrían ir a programas de bienestar social, y otorga fe pública e integridad a los sorteos al auditar el software y evitar estafas tecnológicas o manipulaciones de algoritmos (citando como lección internacional el fraude del Hot Lotto Scandal en EE. UU.).
¿Qué balance personal y profesional hace de su gestión en la Junta de Protección Social (JPS), y cuáles considera que fueron los principales avances alcanzados tanto en materia de modernización institucional como en el fortalecimiento de los programas sociales que financia la entidad?
Puedo decir que el marco normativo actual (basado en la Ley de Rifas y Loterías de 1951) es obsoleto e insuficiente para la era digital. El balance plantea la urgente necesidad de una innovación pública aplicada a la gestión de mercados que sustituya las “multas risibles” y los tipos penales inadecuados del pasado por un modelo adaptado a estándares globales (como los de la Asociación Internacional de Reguladores de Juego). Además, la idea es promover la migración hacia infraestructuras multicanal y digitales (siguiendo ejemplos de éxito como Reino Unido, Colombia o España). Administrativamente, se avanza hacia la obligación de coordinar de forma sistemática con entidades financieras y policiales (UIF, CONASSIF, ICD, OIJ) para blindar los sistemas de supervisión. Ese avance radica en estructurar normativamente la captación de recursos frescos mediante los cánones de licencias y porcentajes de ventas digitales. Esto asegura la sostenibilidad y blindaje del financiamiento directo de más de 440 organizaciones y 500 programas de interés público que atienden a personas en vulnerabilidad extrema (adultos mayores, personas en situación de calle, prevención del cáncer, cuidados paliativos, infancia y adolescencia).
En un contexto de transformación digital y crecimiento de nuevas modalidades de juego, ¿cómo cree que debe adaptarse la industria para mantener estándares de transparencia, sostenibilidad y protección al consumidor?
De acuerdo con el artículo 3 y con las disposiciones de buenas prácticas contempladas en el proyecto, la industria digital debe adaptarse sobre la base de los siguientes pilares: 1) los operadores digitales deben someterse a monitoreo preventivo en tiempo real mediante algoritmos de inteligencia artificial para detectar de forma temprana volúmenes inusuales de apuestas, colusión, fraudes o conductas que sugieran amaño de eventos; 2) implementación rigurosa de protocolos de verificación de identidad de tipo “Conozca a su Cliente” (KYC) y validaciones biométricas/faciales para impedir de forma absoluta el registro y participación de menores de 18 años; 3) las plataformas deben incorporar herramientas que empoderen al jugador, tales como límites obligatorios y personalizables de depósito, gasto y tiempo de juego, mensajes de advertencia de riesgo en tiempo real, períodos de enfriamiento y sistemas de autoexclusión voluntaria, y 4) garantizar la protección de datos personales de los usuarios, la interoperabilidad de las plataformas y el reporte de transacciones en efectivo que superen los umbrales legales directamente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
¿Qué otras iniciativas o proyectos tiene pensado aportar para seguir contribuyendo al desarrollo de la industria de los juegos de suerte y azar, y en relación con la recaudación de fondos destinados a causas sociales?
El Proyecto de Ley 25.600 se centra en fortalecer y modernizar las competencias exclusivas de la Junta de Protección Social ante la transformación digital y el crecimiento de las apuestas en línea. Su propósito es dotar a la institución de herramientas actuales de regulación tecnológica, supervisión digital y gestión de riesgos, para resguardar la integridad de los sistemas, la trazabilidad financiera, el interés público y el financiamiento de los programas sociales dirigidos a poblaciones vulnerables en Costa Rica. Por ello, la prioridad inmediata es consolidar esta propuesta mediante las siguientes acciones: 1) remitir las consultas correspondientes a los actores clave; 2) solicitar formalmente el criterio del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa; 3) gestionar un cronograma de audiencias para recibir y analizar las posturas de los sectores público y privado, y 4) una vez consolidada la retroalimentación de todas las partes, procederemos con la elaboración del texto definitivo para su posterior presentación ante el Plenario Legislativo. Además, trabajamos en otras propuestas de ley que contribuyen con temas económicos, sociales, tecnología, entre otros, a favor de los costarricenses.