El 16 de noviembre de 2023, el Diario Oficial de la Federación, órgano de difusión del Gobierno Federal Mexicano, publicó finalmente el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos”. Esto sucedió tras una ventana de consulta pública abierta por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, que recibió 438 comentarios de juristas especializados, permisionarios, operadores, sindicatos, fabricantes de máquinas y trabajadores del sector. Pese a los argumentos que solicitaban revisar la idoneidad del proyecto y rectificar algunas modificaciones plasmadas ahí contrarias al derecho, el controversial texto entró en vigor sin cambio alguno en comparación con su redacción original.
Si bien, en primera instancia, esto parecería una modernización del Reglamento vigente, en realidad, en una mirada profunda, resulta un brutal atentado, no solamente a una industria legalmente asentada en México, que genera cerca de 53 mil empleos directos y otros 127 mil indirectos, sino también que va en contra de los conceptos fundamentales del derecho positivo.
Tal y como está redactado, el Decreto aprobado está lleno de contradicciones técnicas y argumentos que, de mantenerse, conducirían a un grave retroceso regulatorio y a una muerte paulatina de un sector de actividad que aporta a las arcas de la Nación cerca de $12 mil millones (US$698 millones) al año, sin contar los aranceles que la importación de las 100 mil máquinas tragamonedas instaladas en las salas de juego del país generan, no solamente para la Federación, sino también para los municipios y Estados que han estado ávidos de contribuciones tributarias.
CRISIS Y OPORTUNIDADES: UN BINOMIO DINAMIZADOR
No obstante este paso preocupante para muchos de nosotros, las crisis, como lo he reiterado en múltiples ocasiones, también ofrecen oportunidades. Desde otra perspectiva, no todo es negativo. En efecto, los autores de este Decreto han asegurado que el espíritu de estas modificaciones es obligar a los interesados en general -y los integrantes del Poder Legislativo en particular- a trabajar una nueva iniciativa de Ley, con el afán de modernizar el marco jurídico vigente -que data de 1947- para permitir el crecimiento ordenado y sostenido de la industria del juego.
Como bien se sabe, ésa ha sido, en vano hasta el momento, una de nuestras batallas a lo largo de estos años de existencia moderna de la industria. Inversionistas, empresarios, laboratorios de certificación, desarrolladores de software, despachos jurídicos especializados y proveedores de servicios múltiples, sean esos nacionales o internacionales, piden desde hace años una urgente modernización de la Ley para evitar estas ocurrentes interpretaciones leguleyas que surgen de manera regular, y proveer finalmente la seguridad jurídica que todos y cada uno de nosotros anhelamos y merecemos.
LA TENTACIÓN DE LA PROHIBICIÓN O EL INCENTIVO DE LO ILEGAL
Mientras la gran mayoría de los países del orbe busca mejorar sus respectivas regulaciones para fomentar un desarrollo ordenado del juego, México pareciera querer hacer todo para que vuelva a la oscuridad de la clandestinidad e ilegalidad. Quien dice ‘ilegalidad’ también dice inseguridad de jugadores y apostadores, evasión fiscal, debilitamiento del Estado de Derecho y empoderamiento del crimen organizado, que tanto lacera a nuestra sociedad. Las dos Asociaciones del gremio del juego que representamos al 90% de los principales actores legales y reconocidos por la Secretaría de Gobernación luchan, desde hace más de una década, por regular mejor, transparentar y promover una de las actividades más antiguas e inherentes al ser humano, que no se terminará por Decreto Presidencial.
Por sus características geográficas, sociales, culturales y tecnológicas, el mercado mexicano del juego despierta un gran interés para inversionistas múltiples y profesionales de la industria del juego provenientes de todos los rincones del mundo. A lo largo de esta última década, los esfuerzos que hemos realizado enseñando plena voluntad de modernización y de mejor regulación han ubicado a nuestro país entre los potenciales mercados gigantes de nuestro continente. Una pequeña pizca de entendimiento de nuestra industria por parte de las autoridades ejecutivas y legislativas iluminaría por completo un horizonte prometedor de un sector de actividad injustamente estigmatizado y discriminado.
A punto de arrancar un año electoral que se anuncia agitado y del cual no queremos ser rehenes, AIEJA y sus socios seguiremos trabajando e impulsando las iniciativas que se requieren para fortalecer una industria pujante que solamente pide la oportunidad de crecer de manera ordenada y regulada.