Lleva 11 años al frente de AIEJA desde su creación en noviembre de 2009. ¿Qué balance puede trazar sobre los logros del organismo y su rol como representante clave del sector en México?
La realidad de México y la de su mercado del juego han cambiado muchísimo a lo largo de estos once años. De hecho, hace once años, apenas se iniciaba el mundo de los casinos en nuestro país. Todo esto sucedía a pesar de que la ley vigente que rige nuestro sector es muy antigua: data de 1947. No fue sino hasta 2006-2007, cuando se empezaron a otorgar los primeros permisos importantes, que se produjo el avance real de la industria. A partir de ese momento y hasta el día de hoy, el crecimiento del juego mexicano se ha cuadruplicado y ha permitido que participen en este mercado no sólo los permisionarios y los operadores, sino también fabricantes y proveedores de la industria. Se han generado 50 mil empleos directos y 120 mil indirectos. A nivel legislativo, en 2004, se emitió el Reglamento de la ley, que sufrió dos reformas importantes: una en 2012 y la otra en 2013. Además, se dio un pronunciamiento histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en enero de 2016, que favoreció a la industria. AIEJA ha adquirido un rol importante en este tiempo, convirtiéndose en la voz del sector en México, tanto a nivel nacional como internacional. Hemos tenido relaciones con todos los Gobiernos federales, estatales y municipales, así como con todas las asociaciones del gremio nacional y muchas de otros países. Si bien la pandemia ha sido un obstáculo, gracias a la comunicación virtual, no ha impedido que estemos en contacto con todo el mundo. Por otra parte, mi labor se ha regido por un esfuerzo a favor de la unidad gremial, respetando la diversidad de los actores que componen nuestra industria.
El juego en México presenta varias problemáticas de fondo: a) una Ley Federal antiquísima (1947) que aún no se ha actualizado; b) Gobiernos nacionales que no parecen tener definida una política clara sobre la actividad (catorce reguladores en los últimos tres períodos presidenciales); y c) una parte de la sociedad que todavía lo mira con desconfianza. ¿Qué análisis hace sobre estas cuestiones y qué acciones tendría que llevar adelante el sector para generar una comunicación más directa que acerque posiciones con sus interlocutores?
Cuesta comprenderlo, pero el juego en México parece ser un tema prohibido. En 1998, se dio un primer intento de redacción de una nueva Ley que fue prácticamente obstaculizada por la Iglesia y por los partidos de derecha del espectro político. Sin embargo, ya había un gran empuje para que la Ley tuviera vida y, aunque no se dio ninguna reforma en estos 73 años, la industria encontró un cierto impulso a través de su Reglamento en el año 2004 y del pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2016, como ya indiqué. Los Gobiernos estatales aún tienen temor en relación con el sector. Sin embargo, han visto en él una fuente de ingresos potenciales, al generar impuestos nuevos, algunos de ellos, por cierto, muy desproporcionados. En ese marco, los sustanciales aportes fiscales provenientes de nuestras empresas posibilitaron que, finalmente, los casinos no fueran tan mal vistos por las autoridades locales, tanto de los Estados como de los municipios. De todas maneras, se sigue viendo al juego con mucha desconfianza, aunque quienes asisten a los casinos de manera física o virtual pueden desmentir estos prejuicios. Los que tienen contacto con la industria podrían confirmar que, en México, el juego es realmente una actividad de entretenimiento sano y alegre para toda la población mayor de edad y, en particular, para las personas de más de 40 años. En esta coyuntura, desde AIEJA, seguimos teniendo comunicación con quien sea necesario y, afortunadamente, esto se da en un ambiente positivo.
En lugar de hablar sobre el impacto del COVID-19 en el segmento del juego presencial, vamos a enfocarnos en la paulatina reapertura de salas, la convocatoria de clientes, la necesidad de contar con medidas fiscales que aseguren a futuro la sustentabilidad de las operaciones y la reactivación económica para poder retomar los niveles de ingresos pre-pandemia. A eso se suma su afirmación de que el virus “ayudó a la unión de todos los empresarios del juego” en pos de defender sus derechos y conseguir sus objetivos. ¿Cuál es su mirada sobre estas temáticas y la posible recuperación comercial de los operadores en un plazo de dos años?
Está claro que el COVID-19 no sólo sorprendió a México, sino al mundo. Nuestra industria se vio especialmente golpeada. Fuimos los primeros en cerrar las actividades y los últimos en retomarlas. Pareciera ser que somos la ‘Industria del Mal’. Sin embargo, somos un sector que produce empleo, atrae inversión y genera recursos a través de impuestos. Es cierto que necesitamos medidas fiscales unificadas que den certeza y seguridad a los inversionistas. También es esencial iniciar un proceso de reactivación, aunque sea paulatina, de las salas. Hoy, dos de cada tres salas en México están abiertas. No obstante, su capacidad está reducida al 30%, lo cual no permite una reactivación total de la economía del juego. Aun así, este presente es una semilla que irá germinando en 2021 con la reactivación de la economía a la espera de un 2022 en el que logremos recuperarnos prácticamente al 100%. Desde luego, considerando las graves y lamentables bajas que haya producido esta pandemia al final del año 2020.
Otra de las irregularidades del mercado mexicano es que, ante un fuerte crecimiento del juego en línea, no existe una regulación técnica que contemple esta modalidad y permita al Estado percibir recursos a nivel impositivo. Según sus propias palabras: “Del total de la oferta de juego online en México, solamente un 40 por ciento posee permiso de la Secretaría de Gobernación”. ¿Cómo resolver este dilema y frenar la ilegalidad?
En México, hemos tenido una alta rotación del regulador del juego. Cuando en Perú, por ejemplo, vemos un regulador con 14 años seguidos a cargo del juego, o en Colombia, con casi 8 años trabajando muy bien, en México, en cambio, en 14 años hubo 14 reguladores. Esto ha generado una enorme inestabilidad, una falta de política de Estado sobre el juego. Obviamente, el tema específico del juego online no ha sido atendido directamente por el Gobierno. Con las iniciativas de ley que ya fueron preparadas, y en estrecha colaboración con nosotros, el Gobierno podría eliminar, de golpe y porrazo, el 60% de la oferta de juego online que no está registrada oficialmente por la Secretaría de Gobernación. Sin abundar en detalles en cuanto a los mecanismos, creo que el control debería pasar por una supervisión de la Policía cibernética, además de impulsar medidas legales que contuvieran esta avalancha de propuestas de juego online. Hablamos de ¡más de dos mil páginas y portales digitales! no reconocidos por las autoridades mexicanas que ofrecen este tipo de servicios.
Uno de los reclamos más importantes del sector es la creación de una entidad descentralizada y autónoma que lo rija, antes que una Secretaría estatal. ¿Por qué postulan esta estructura? ¿Cree que esta propuesta podrá discutirse, aceptarse y aplicarse en el mediano a largo plazo?
Hoy, el regulador en México, titular de la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, tiene la facultad discrecional en materia de juego, ya sea para el otorgamiento de permisos, como en lo que atañe a la cancelación de los mismos o bien sobre el cierre de las salas. Esta autoridad ha sido, como ya comenté, altamente ‘flotante’, lo que generó una enorme inestabilidad y una gran inseguridad entre los regulados. Efectivamente, esto se podría subsanar con la creación de una Autoridad Plural, integrada, por ejemplo, por cinco representantes de las Secretarías vinculadas, de forma directa o indirecta, al tema del juego. Éstas podrían ser la Secretaría de Gobernación, la de Hacienda, la de Turismo, la de Economía y la de Seguridad Pública. Por lo que entiendo que sí, que el tema podría resolverse, pero en el mediano plazo.
¿Qué desafíos tiene por delante AIEJA para continuar apoyando a los miembros del sector, promover el juego responsable, seguir intermediando con el Estado y mejorar la imagen del gaming ante la sociedad mexicana?
El reto es importante. En esta primera década de existencia, AIEJA nació, creció y ahora tiene que consolidarse. Nos parece que, efectivamente, debemos seguir trabajando alrededor de estos cuatro asuntos: 1) el apoyo a los miembros del sector; 2) el avance en el juego responsable que ha sido ignorado por el Gobierno mexicano; 3) la intermediación con las autoridades, no sólo nacionales, sino también estatales y municipales, y 4) la continuidad de nuestra buena relación con los medios de comunicación nacionales e internacionales, para cambiar la imagen del juego y dar a conocer lo que en realidad es: una actividad sana de esparcimiento que abarca a toda la población, pero particularmente a la población adulta de más de 40 años, que ve en el juego un espacio de entretenimiento que no encuentra en otros segmentos de la sociedad.
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