A finales de 2019, en los Estados Unidos, había 524 casinos tribales operando en 29 Estados, según datos de la Comisión Nacional de Juegos Indios (NIGC), en comparación con 465 casinos comerciales convencionales en 25 Estados. También de acuerdo con datos de la NIGC, en 2018, las operaciones de juegos tribales registraron ingresos récord de US$33.720 millones, un aumento del 4,1 por ciento de aumento con respecto al año anterior. Durante los años anteriores a 2020, los ingresos del sector del juego tribal reflejaron, y en muchos casos mejoraron, a los de los casinos convencionales. De hecho, el principal desafío al que se enfrentaba el sector en el momento previo a la pandemia del COVID-19 era el conflicto con ciertos Estados (puntualmente, Oklahoma y Florida) por los impuestos que les reclamaban a las tribus, y la participación de los gobiernos locales en las inmensas ganancias que los casinos tribales estaban produciendo.
Bajo casi cualquier óptica que se analice, el sector del juego tribal en los Estados Unidos es un claro caso de éxito. El impacto de los casinos en las comunidades nativas a lo largo y ancho del país ha sido netamente positivo para la población indígena, tanto desde el punto de vista económico como desde el aspecto social y de integración en el funcionamiento general de la nación norteamericana. Sin embargo, este éxito tiene por detrás una larga historia de arduos esfuerzos por parte de las comunidades nativas para que se les reconociera el derecho a establecer sus propios casinos, con un ámbito legal del juego gestionado por los propios indios.
UN POCO DE HISTORIA
Corrían los principios de la década de 1970 cuando Russell y Helen Bryan, un matrimonio de la tribu Chippewa que vivía en una autocaravana en tierras indígenas en el norte de Minnesota, recibió una factura de impuestos a la propiedad del condado local, el condado de Itasca. Los Bryan nunca antes habían recibido una factura de impuestos a la propiedad. No dispuestos a pagarla, llevaron el aviso de impuestos a los abogados de asistencia legal local de Leech Lake Legal Services, quienes presentaron una demanda para impugnar el impuesto en los tribunales estatales. Los Bryan perdieron su caso en el tribunal de distrito del Estado y volvieron a perder en la apelación por decisión unánime de la Corte Suprema de Minnesota. Luego, buscaron revisión en la Corte Suprema de los Estados Unidos. La Corte Suprema otorgó la revisión del caso, y en una decisión general y unánime, la misma Corte sostuvo no sólo que los Estados no tenían autoridad para gravar a los nativos que vivían en una reserva, sino que también carecían de poder para regular las actividades de los nativos en sus reservas. Dicha autoridad recaía sobre el Gobierno Federal (Nacional), dado que las reservas están reconocidas como ‘entidades soberanas e independientes’, y los tratados que se firmaron para su creación tienen el rango de tratados internacionales.
Como resultado de esta sentencia, en unos pocos años, nativos emprendedores y algunas tribus empezaron a establecer negocios de bingo indio en diversos lugares de los Estados Unidos. Ya para finales de los ‘70, bajo el liderazgo de Howard Tommie, la tribu Seminola de Florida construyó un gran edificio de bingo en su reserva cerca de Fort Lauderdale. La tribu planeó que la sala de bingo estuviera abierta seis días a la semana, contrariamente a la ley del Estado de Florida, que sólo permitía dos días a la semana de apertura para dichas salas. Además, ese bingo superaba el límite máximo diario de premios de US$100. Así, el Sheriff del condado de Broward, donde se encuentra la reserva nativa, efectúo arrestos en el momento en que se abrió la sala de bingo, y la tribu demandó al condado, afirmando que las tribus nativas tienen derechos de soberanía que están protegidos por el Gobierno Federal de cualquier interferencia de los gobiernos estatales. Un tribunal de distrito falló a favor de los nativos. Con esta victoria para los Seminolas, se dio inicio a una larga batalla legal para el establecimiento del juego tribal a gran escala.
LA LEY REGULADORA DEL JUEGO INDIO
En 1988, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Reguladora del Juego Indio (IGRA), firmada por el presidente Ronald Reagan, que reconocía la soberanía tribal para crear salas tipo casino, pero establecía que los Estados y los nativos debían formar consorcios Estado-tribu, mientras que el Gobierno Federal se reservaba el poder de regular el juego. Esencialmente, las tribus todavía tenían ‘derecho exclusivo’ a ofrecer toda clase de juegos, excepto cuando los Estados no aceptaran esa clase o entraran en conflicto con la ley federal.
Sobre esto último, vale una pequeña aclaración. IGRA creó tres clases o categorías de juegos, con diferentes regulaciones para cada una de ellas:
a) Clase I: Los juegos de Clase I se definen como juegos tradicionales indios, que pueden ser parte de ceremonias y celebraciones tribales, y juegos sociales con premios mínimos. La autoridad reguladora sobre los juegos de Clase I se confiere exclusivamente a los Gobiernos tribales y no está sujeta a los requisitos de la IGRA.
b) Clase II: Se define como el juego de azar comúnmente conocido como bingo (se utilicen o no versiones electrónicas, informáticas u otras versiones tecnológicas relacionadas), bingo instantáneo y otros juegos similares al bingo. Los juegos de Clase II también incluyen juegos de cartas no bancarizados, es decir, aquellos que se juegan exclusivamente contra otros jugadores en lugar de contra la casa o contra un jugador que actúa como banco. La Ley excluye específicamente de la definición de juegos de Clase II a las máquinas tragamonedas o las versiones electrónicas de cualquier juego de azar. Las tribus conservan su autoridad para explotar, otorgar licencias y regular los juegos de Clase II siempre que el Estado en el que se encuentra la tribu permita dicho juego de forma general, y el Gobierno tribal adopte una ordenanza sobre juegos aprobada por la Comisión Nacional de Juegos Indios. Los Gobiernos tribales son responsables de regular los juegos de Clase II con la supervisión de la Comisión. Sólo Hawaii y Utah continúan prohibiendo todo tipo de juegos.
c) Clase III: La definición de juego de Clase III es amplia. Incluye todas las formas de juego que no son de Clase I ni II. Los juegos que se juegan comúnmente en los casinos, como las máquinas tragamonedas, el blackjack, los dados y la ruleta, se encuentran claramente en la categoría de Clase III, así como los juegos de apuestas y las versiones electrónicas de cualquier juego de azar. Generalmente, la Clase III se conoce como ‘juego de estilo casino’. La Ley restringe la autoridad tribal para realizar juegos de Clase III.
Después de que el presidente Reagan firmara la IGRA, los ingresos de los juegos nativos se dispararon de US$100 millones en 1988 a US$16.700 millones en 2006. A consecuencia de la IGRA, la Comisión Nacional de Juegos Indios se estableció como agencia federal en 1988 para regular los juegos nativos de alto riesgo.
LA NECESIDAD DE ADOPTAR EL ONLINE
El juego tribal no es inmune a las circunstancias externas que todos estamos viviendo y la afluencia a los casinos se ha reducido notablemente en 2020, con el consiguiente impacto económico. Muchas tribus tienen una excesiva dependencia del casino físico y del jugador presencial. De esta forma, se impone una diversificación forzada por las circunstancias y el paso al juego online, muy probablemente de la mano de las apuestas deportivas, los deportes de fantasía y el poker online, dadas las fuertes restricciones que leyes como la Wire Act y UIGEA (la ley que prohíbe los juegos de azar online) imponen a los juegos de Clase III en Internet. En cualquier caso, con un marco legal estable como IGRA, una industria multimillonaria detrás y el esfuerzo y el talento de miles de trabajadores de las reservas indias, no cabe duda de que el juego tribal se renovará y ofrecerá muchas novedades en 2021.