

Por Nahuel Díaz, periodista y colaborador de G&M News.
¿Es legal la rápida aprobación de una ley que no tuvo un debate profundo en el Congreso ni la consulta y participación de todos los integrantes del sector del juego?
Técnicamente, no es ilegal la aprobación. Es una prerrogativa del Congreso de la República frente a un Proyecto de Ley aprobarlo o desaprobarlo. Lo que es cuestionable, en este caso, es que, frente a un cierto desconocimiento que muestra el Gobierno acerca del sector del juego, no se haya permitido la participación activa de los involucrados: operadores y representados por sus asociaciones y proveedores.
¿Cree que los operadores con sede en Perú acudirán a la Justicia frente a la situación de desigualdad que plantea la ley en favor de los operadores extranjeros, a los que no se aplicaría ningún impuesto?
Sin duda, ésa será la suerte que correrá esta ley, al afectar el derecho constitucional a la libre competencia, por cuanto le resulta desfavorable al empresario nacional competir con una operación gravada con un impuesto especial no aplicable al empresario extranjero, quien operaría en el mercado con ventaja. Me atrevo a especular que, frente a esta ley, nuestros nacionales opten por tomar acciones constitucionales y mudar sus oficinas al extranjero.
¿En qué otros aspectos cree que falla esta legislación?
Más allá de lo expresado por otros colegas e involucrados en el sector, considero que, como tema de forma, el plazo para que las empresas puedan adecuarse a esta ley y su reglamento (60 días) es muy corto. Primero, las empresas certificadoras internacionales o nacionales deberán iniciar este procedimiento para lograr registrarse ante MINCETUR. Después, les tocará a las proveedoras de juegos y plataformas o pasarelas de pago homologarse. Recién con los registros de homologación, finalmente, las firmas operadoras podrán solicitar autorización expresa. No tengo dudas de que todo este procedimiento tomará más de 60 días. Si bien se convocó a los involucrados en la industria a dar sus opiniones para la redacción del Reglamento Técnico, faltó mayor participación activa de los mismos en el debate de la ley, lo que explica que haya una falta de consenso al respecto.
Tras no haber recibido ningún apoyo del Estado peruano durante la pandemia, ahora, el sector del juego se ve sometido a un nuevo tributo. ¿Qué impactos considera que esta medida tendrá para el sostenimiento operativo de las empresas del sector y para la continuidad laboral del gran número de trabajadores empleados en la industria?
Más allá de ser tildado de ‘actividad sensible’, el sector del juego en el Perú ha demostrado que puede confrontar cualquier desavenencia. Aquí, la generación del tributo no es el problema, sino su aplicación que, como dije, recae sólo sobre los operadores locales. A mi entender, el porcentaje del 12% no es elevado porque además constituye un gasto deducible de renta.
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