Por Nahuel Díaz, periodista y colaborador de G&M News.
¿Qué es APOJA y qué objetivos persigue desde su creación?
La Asociación Paraguaya de Operadores de Juegos de Azar (APOJA) fue constituida en el año 2015, nucleando a empresas dedicadas a la explotación de máquinas electrónicas de juegos de azar en salas adecuadas al efecto en nuestro país. Buscamos el desarrollo de la industria nacional del juego con carácter de exportación, entre otras, en las áreas de hardware, software, medios de pago y gestión. Por supuesto, nos manejamos dentro del concepto de entretenimiento no adictivo. En tal sentido, llevamos adelante programas de promoción de juego responsable en nuestras operaciones.
¿Cómo están funcionando hoy las salas de juego en Paraguay, en cuanto a aforo y oferta de juego? ¿Qué tipo de apoyo económico o fiscal recibieron del Gobierno durante el cierre de salas con motivo de la pandemia?
Desde finales de setiembre de 2021, las medidas restrictivas en cuanto al horario de circulación fueron levantadas y las salas pudieron volver a su horario habitual. Recordemos que las salas estuvieron cerradas nueve meses, y luego reabrieron con limitaciones. En definitiva, tras un año y medio, retomamos la habitualidad. Asimismo, no hemos recibido apoyo por parte del Gobierno paraguayo. En verdad, el sector no necesita ayuda, sino igualdad ante la Justicia y cumplimiento de las leyes. Nuestro rubro viene siendo privado de derechos básicos de competencia, como el acceso al sistema financiero. Pienso que hay un modelo de ‘Estado botín’ con ‘venta de derechos para pocos’, lo que suele suceder en países económicamente vulnerables como el nuestro. Un ejemplo es la Resolución 34/2020 de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR), por la que cede sus funciones de ente fiscalizador y regulador, y otorga a la empresa Icrop S.A. (sin experiencia alguna en el rubro) la tarea de fiscalizar, cobrar y explotar las máquinas electrónicas, violando todo tipo de legislación existente al respecto. Esta Resolución fue declarada ilegal por la Contraloría General de la República y por la Secretaría Anticorrupción. Sin embargo, sigue vigente.
¿Por qué las autoridades ahora quieren cambiar Conajzar (ente estatal) por Dinajzar (ente autárquico)? ¿Qué perfil debería tener la persona que se pusiera al frente de dicho organismo?
La intención es que el ente regulador tenga autonomía y autarquía, que cuente con presupuesto propio y administre sus recursos. El Proyecto de Ley en estudio busca una centralización regulatoria y administrativa de la actividad que, si no estamos atentos, convertiría al sector, vía agrandamiento del Estado, en un nuevo ‘stock de derechos y privilegios’ que termina inexorablemente en tributos crecientes y corrupción de la clase política. Para evitar esto, el representante del ente regulador debería tener un perfil claramente técnico, con conocimiento del rubro y experiencia en el manejo de políticas públicas basadas en datos económicos, y no en presunciones subjetivas.
¿Cuáles son los tres principales problemas hoy de la industria en el territorio? ¿Cómo trabaja APOJA para defender los intereses de sus miembros a fin de intentar llegar a un consenso con las autoridades?
El principal problema es la corrupción del sector público, en particular, del Poder Judicial. Eso afecta a nuestra industria a nivel privado, lo que determina, como dije, la total exclusión del sistema financiero. No tenemos acceso a cuentas corrientes ni a cajas de ahorro. Mucho menos podemos realizar giros al exterior, en vista de que nuestra actividad tiene la calificación de “riesgosa”, tanto para las corresponsalías de bancos extranjeros como para nuestra banca pública. Así, esta situación dificulta la trazabilidad de nuestras operaciones que, en un contrasentido, la propia Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) nos exige. Desde APOJA, promovemos las alianzas entre el sector público y el privado proponiendo la adopción de políticas públicas que impulsen el desarrollo de la industria, mediante convenios marco de cooperación, charlas, capacitaciones y conversatorios con inclusión de ambos sectores.
¿Qué sucede con el juego en línea en Paraguay? ¿Cómo controlarlo y regularlo para que no afecte a los operadores legales?
El juego en línea hoy es inviable debido a la exclusión del sistema financiero y, por lo tanto, de medios de pago digitales. En mi óptica, el sector del juego en Paraguay debería gestionarse con visión de mercado, con pocas regulaciones. A mi criterio, no debería ser el sector público el que determinara lo que se puede hacer, sino el mercado, desde el sector privado. Tendrían que existir contratos específicos sometidos a instancias arbitrales, tributos justos que no asfixiaran al sector y se devolvieran a partir de la creación de empleo, y un aseguramiento de que tanto la oferta como la demanda fueran reales, ajustadas con precios claros. De esta manera, se resguardaría la competencia, lo que implicaría una oferta variada de mejores productos, más premios y diversión para los jugadores. A eso le incluiría la trazabilidad en todas las instancias del desarrollo de la actividad, para evitar posibles situaciones de lavado de activos.
¿Cuáles son los próximos desafíos para la industria en esta jurisdicción y qué iniciativas llevará adelante APOJA para garantizar un futuro más provechoso para el sector?
Definitivamente, el gran desafío que tenemos hoy los operadores de juegos de azar es el Proyecto de Ley que se está estudiando en las diferentes Comisiones Asesoras de la Cámara de Diputados. En uno de sus articulados, enuncia nuestra inclusión en la Banca Pública. Por eso, creo que nos urge una ley inminentemente técnica y no política, que aliente la inversión privada, elimine el monopolio desde el Estado y estimule la competencia en igualdad de condiciones para todos. APOJA promoverá y acompañará con ojo vigilante las políticas públicas que se lleven adelante en este sentido.