Pasaron tres largos años desde su legalización, pero, por fin, el juego online regulado empezará a funcionar oficialmente en la Provincia de Buenos Aires, la más relevante de la Argentina, con más de 17 millones de habitantes y un presupuesto multimillonario. El proceso de adjudicación había comenzado en 2018, en la gestión de María Eugenia Vidal (Partido Cambiemos) al frente de la Provincia. La Ley Impositiva N° 15.079 (que se aprobó junto al Presupuesto 2019) había sido sancionada por la Legislatura bonaerense en diciembre de 2018. Allí se incluía la legalización del juego en línea, y se determinaba el proceso para que las empresas se presentaran, registraran y compitieran por una licencia. En marzo de 2019, mediante el Decreto Reglamentario Nº 181, Vidal daba la vía ejecutiva para dicha normativa.
A fines de 2019, G&M News dispuso de información exclusiva y fue el primer medio de la Argentina en anticipar los nombres de las siete UTEs (Uniones Transitorias de Empresas, la figura elegida para conformar la combinación de ofertantes entre firmas locales y extranjeras) que habían sido elegidas en el proceso adjudicatario. Lo curioso es que, tras las elecciones nacionales de ese año y el comienzo de la pandemia, recién esta información se oficializó en diciembre de 2020, tras la Resolución nº 795 del IPLyC (Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires), el ente regulador del juego bonaerense presidido por Omar Galdurralde.
Ahora, este jueves 9 de diciembre de 2021, ya bajo el mandato del gobernador Axel Kicillof (Partido Frente de Todos), la realidad es que sólo una de las siete licenciatarias, BetWarrior, dará el puntapié inicial a la operación de esta actividad. En esta nota, explicamos qué sucede con cada compañía, cuánto moverán el iGaming y las apuestas remotas en el territorio, cómo se manejarán temas como el juego responsable y la publicidad, y otras cuestiones importantes para entender la revolución que se vendrá para los jugadores bonaerenses.
LA SITUACIÓN DE CADA LICENCIATARIO
Cada licenciatario desarrollará una única licencia por un plazo -no prorrogable- de 15 años. La única firma lista para salir a la cancha es BetWarrior. Se trata de una compañía conformada por Binbaires (Federico de Achával y Ricardo Benedicto, a cargo del Hipódromo de Palermo y del Casino de Buenos Aires, ambos en la Ciudad de Buenos Aires -CABA-, y de City Center Rosario. Son salas controladas por Casino Club, HAPSA y la española Cirsa) y por la griega Intralot International. Cuenta además con participación de la danesa Shape, que actualmente opera la lotería de Dinamarca. Lanzada hace tres años, BetWarrior trabaja en México, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Bolivia, Perú, Paraguay, Costa Rica, Panamá y Uruguay.
Las otras tres UTEs que sellaron con el Gobierno de la Provincia su autorización para comenzar a operar son las siguientes:
a) Bplay: del tradicional y experimentado Grupo Boldt, encabezado por Antonio Tabanelli, junto con el poderoso 888 Holdings, con sede en Gibraltar. Ya opera online en Paraguay y en la provincia de Santa Fe. Ahora, quiere pisar fuerte en Buenos Aires, donde ya puso publicidad en la camiseta del club Estudiantes de La Plata, y en CABA, promocionando al club Vélez Sarsfield. Boldt controla casinos en Tigre, Santa Fe, Chile y Uruguay.
b) William Hill: incluye a Argenbingo (propiedad de Nazareno Lacquanti, titular del Bingo Moreno, con un largo recorrido de 30 años en el rubro) y a la casa de apuestas británica William Hill, que fue adquirida por el operador norteamericano Caesars Entertainment (su negocio de EE.UU.) y por 888 (los activos fuera de Estados Unidos).
c) Bet365: comprende al socio local Bingo Berazategui (de Gustavo Ranucci, socio de Oscar Stefani, cara visible del Bingo Begui, en la localidad de Berazategui) y al socio extranjero Bet365, empresa de juegos de azar en línea mundialmente conocida con sede en el Reino Unido.
Estas tres sociedades están apurando los procesos administrativos y burocráticos para lanzarse al mercado en los próximos meses. En tanto que corren de atrás otras tres UTEs autorizadas a operar que todavía no pudieron firmar sus licencias. Se trata de estos grupos:
d) Playtech: contiene al Casino de Tandil (encabezado por Roberto Schroder Langhaeuser) y a Dynamo Tyche (Playtech Software Limited, el gigante israelí del iGaming que el año próximo sería adquirido por Aristocrat).
e) Pokerstars: participan Atlántica de Juegos (a cargo del Bingo de Chivilcoy, del empresario Daniel Angelici, quien maneja cuatro bingos en la Costa Atlántica) y Stars Interactive Limited (Flutter Entertainment, con sede en Irlanda).
f) Betsson: reúne al Casino Victoria (del ejecutivo Daniel Mautone, uno de los principales propietarios de casinos del país) y al grupo sueco Betsson.
Alguna de estas empresas, como Atlántica de Juegos, pidió una prórroga de 60 días para completar los trámites solicitados por la Lotería bonaerense. La cuestión es que los inversores extranjeros tiene dudas acerca de cómo podrán retirar sus dólares del país. Esto lleva a analizar la cuestión económica del asunto.
COSTOS, INVERSIONES Y POSIBLES GANANCIAS
Está claro que, en términos políticos, la decisión de avanzar con el juego online en su territorio por parte del gobernador Kicillof tiene menos que ver con el progreso del juego ilegal y la protección de los usuarios que con los recursos económicos que la actividad puede dejar en la Provincia. La PBA necesita sumar ingresos urgentes a las arcas públicas tras el parate por la pandemia, al que se agregan la inflación, la pobreza y la crisis social. Según algunos cálculos, sobre una facturación bruta anual del iGaming estimada en US$600 millones, la Provincia percibiría US$90 millones en concepto de Ingresos Brutos y US$60 millones por canon que ingresaría al IPLyC.
En cuanto a las siete licenciatarias, en términos tributarios, cada una abonó $5,5 millones (US$52 mil, al cambio actual oficial de $106) al momento de la presentación. Asimismo, tienen que pagar un cargo fijo único de $65 millones (US$613 mil). El dinero se saldará un 40% al momento de comenzar a operar, otro 40% al año de operación y el 20% restante al segundo año. Además, hay una garantía establecida de $130 millones (US$1,23 millón). Ya en la etapa de operativa, cada empresa cubrirá los pagos de los cánones para funcionar (10%) y de Ingresos Brutos (15%), así como el resto de los impuestos aplicables como Impuesto a las Ganancias.
Por supuesto que, para que la industria despegue, será fundamental que el Gobierno despeje una serie de dudas: ¿qué va a ocurrir con las ganancias netas de las empresas extranjeras? ¿Van a poder dolarizarlas? ¿Podrán girar regalías a sus casas matrices? Se estima que las autoridades provinciales establecerán un permiso legal para que las firmas internacionales que operen iGaming en la jurisdicción reciban y transfieran sus ingresos en dólares, más allá del cepo existente.
OTROS DESAFÍOS
Un tema importante será diseñar un programa de juego responsable para el iGaming. Los operadores deberán habilitar una función que le permita al jugador establecer límites de depósitos, y permitir además que el jugador pueda solicitar su exclusión temporal o permanente, o una restricción horaria. Habrá que asegurar también la privacidad de datos de todos y cada uno de los jugadores que se registren en las plataformas web, y que demuestren que residen en la Provincia. En ese aspecto, se comprobará la residencia en el territorio a través del Registro Nacional de las Personas.
A la vez, en principio, se buscará que los bonaerenses sólo puedan apostar en los websites que terminen con el dominio “bet.ar” otorgado por la Dirección Nacional de Registro de Dominios de Internet (nic.ar), bloqueando al resto.
Con respecto a la publicidad de apuestas online, la Autoridad de Aplicación (IPLyC) controlará que se promueva la difusión de buenas prácticas del juego, y buscará asegurar el cumplimiento de los siguientes puntos: a) Que la publicidad, promoción o patrocinio no se encuentre dirigida a menores de edad; b) Que no participen menores de edad; c) Que no sea abusiva, engañosa o desleal; d) Que no altere la dinámica del juego; e) Que no induzca a confusión respecto de la naturaleza del juego; f) Que aquellas realizadas al jugador mediante créditos o bonos – exentos de utilidades e impuestos- no superen los límites que la Autoridad de Aplicación establezca; g) Que respete las exigencias establecidas en los artículos 10, 11 y 12 de la Ley N° 15.131 que establece la regulación y asistencia del juego compulsivo, problemático o patológico; h) Que respete cualquier otro extremo que la Autoridad de Aplicación defina oportunamente.
En definitiva, con bastante tiempo de demora, la Provincia de Buenos Aires tendrá juego online. Por el momento, otras doce provincias argentinas ya dieron el paso: Tucumán, Entre Ríos, San Luis, Santa Cruz, La Pampa, Chaco, Misiones, Neuquén y Río Negro, además de Santa Fe, Mendoza y Corrientes desde la pandemia. Cada una lo regula a su manera, por lo que hay 24 entes diferentes. En otros países de la región, se administra a nivel federal. Que comience el juego online, entonces, en la Provincia, algo que beneficiará por igual a autoridades, operadores y apostadores, con más opciones para jugar de manera segura, legal y responsable.